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Opinión | Vie. 19 sep '08
El traductor de Giampietri
A propósito del proyecto que restringe inversiones.
Con elegancia y sutileza, el presidente Alan García le enmendó ayer la plana al proyecto de ley del vicepresidente Luis Giampietri que busca establecer condiciones políticas para restringir la inversión extranjera.
Antes ya lo habían tratado de disuadir de dicho empeño media docena de ministros, algunos congresistas, y el secretario general del Apra. Pero el vicealmirante, erre con erre, seguía incólume en su afán.
En dicho contexto, ante una pregunta que ayer le hice en RPP sobre este tema, el presidente García respondió que dicho proyecto ha sido “mal explicado o mal comprendido”, pues solo pretende ponerle a un país las mismas condiciones que este ofrece a nuestras inversiones, de acuerdo con el artículo 63 de la Constitución.
Si así fuera, no habría problema, pero sí lo hay –y grande– porque el proyecto de Giampietri plantea restricciones mucho más amplias que las vinculadas a replicar restricciones que nos imponen otros países. Este propone que “el Estado, en resguardo del interés nacional, podrá aplicar en casos excepcionales, medidas restrictivas para acceder a los mercados; asimismo, podrá adoptar medidas análogas proteccionistas a las de otros países en defensa de la inversión nacional”.
Dicho fraseo revela la pretensión de crear condiciones para decidir, políticamente, qué inversiones no deben venir. Esto es, para empezar, anticonstitucional, pero también atenta contra el interés de atraer capitales y puede, además, promover la corrupción al otorgarle poder discrecional a la autoridad sobre las inversiones que no podrían entrar. Es una mala propuesta, aunque tenga muchos entusiastas confundidos o interesados.
De este modo, con sutileza, el presidente García ha tratado de focalizar el proyecto de Giampietri buscando un equilibrio entre minimizar el daño económico del mismo, y salvarle la cara al vicepresidente.
Ojalá lo entiendan el vicealmirante –pues él sabe bien que donde manda capitán, no debe mandar marinero–, y el cogollo giampietrista que lo acompaña, cuyo ámbito es amplio y –parece– creciente, pues incluye a sectores castrenses, fujimoristas, empresariales que buscan un poco de mano dura para ordenar el país, de la comunidad de inteligencia –pública o privada–, y hasta religiosos.
Antes ya lo habían tratado de disuadir de dicho empeño media docena de ministros, algunos congresistas, y el secretario general del Apra. Pero el vicealmirante, erre con erre, seguía incólume en su afán.
En dicho contexto, ante una pregunta que ayer le hice en RPP sobre este tema, el presidente García respondió que dicho proyecto ha sido “mal explicado o mal comprendido”, pues solo pretende ponerle a un país las mismas condiciones que este ofrece a nuestras inversiones, de acuerdo con el artículo 63 de la Constitución.
Si así fuera, no habría problema, pero sí lo hay –y grande– porque el proyecto de Giampietri plantea restricciones mucho más amplias que las vinculadas a replicar restricciones que nos imponen otros países. Este propone que “el Estado, en resguardo del interés nacional, podrá aplicar en casos excepcionales, medidas restrictivas para acceder a los mercados; asimismo, podrá adoptar medidas análogas proteccionistas a las de otros países en defensa de la inversión nacional”.
Dicho fraseo revela la pretensión de crear condiciones para decidir, políticamente, qué inversiones no deben venir. Esto es, para empezar, anticonstitucional, pero también atenta contra el interés de atraer capitales y puede, además, promover la corrupción al otorgarle poder discrecional a la autoridad sobre las inversiones que no podrían entrar. Es una mala propuesta, aunque tenga muchos entusiastas confundidos o interesados.
De este modo, con sutileza, el presidente García ha tratado de focalizar el proyecto de Giampietri buscando un equilibrio entre minimizar el daño económico del mismo, y salvarle la cara al vicepresidente.
Ojalá lo entiendan el vicealmirante –pues él sabe bien que donde manda capitán, no debe mandar marinero–, y el cogollo giampietrista que lo acompaña, cuyo ámbito es amplio y –parece– creciente, pues incluye a sectores castrenses, fujimoristas, empresariales que buscan un poco de mano dura para ordenar el país, de la comunidad de inteligencia –pública o privada–, y hasta religiosos.