Por un lado, esa clandestinidad es parte de su absoluto poder intimidatorio; hace sentir a sus víctimas indefensas, al margen de la ley y del conocimiento público. Por otro, supone una manera tácita de admitir que la tortura es repugnante e inaceptable dentro de las normas civilizadas porque degrada al torturado y al torturador, y los convierte en mounstrosidades de la especie humana. Hace poco, sin embargo, el presidente Bush, que gobierna la potencia mundial considerada la más respetuosa del orden legal, introdujo una asombrosa variante: que hay formas aceptables y regulables de tortura. Defendió los esfuerzos por obtener información valiosa de individuos sospechosos de terrorismo; afirmó rotundamente que Estados Unidos no tortura a nadie, que respeta las normas internacionales sobre el trato humano a los prisioneros, y negó que las "técnicas" para interrogar, recomendadas en documentos secretos del Departamento de Justicia revelados poco antes por The New York Times, constituyesen tortura. ¿Qué técnicas son esas? El memorándum interno menciona tres: golpes en la cabeza (con la mano abierta, para no dejar marcas), sometimiento a temperaturas bajísimas e inmersiones simuladas en agua. El director de la CIA, por su parte, las justificó diciendo que eran necesarias "para proteger al pueblo norteamericano de futuros actos terroristas y, por eso, seguiremos haciéndolo". Agregó que, en el fondo, eran formas de interrogación "cuidadosas y sumamente productivas". Así quedamos informados de que las nuevas técnicas de tortura ya no se llaman tortura sino "trato duro", según el lenguaje de la administración Bush. Este eufemismo es una suprema hipocresía, que reviste con un manto legal lo que a todas luces no lo es. Esto se suma a otras formas de barbarie disimulada de ciertos actos evidentemente ilegales de la guerra antiterrorista, como la detención indefinida y sin cargos ni defensa legal a los encarcelados ("enjaulados" es la palabra más apropiada, a juzgar por las fotos que se han filtrado) de Guantánamo; los traslados clandestinos de sospechosos a lugares donde la tortura puede practicarse sin que nadie pestañee; los variados abusos a los que son sometidos los presos en cárceles de Irak, Afganistán y otros lugares bajo control militar norteamericano. Todo esto tiene, por lo menos, dos graves consecuencias. Una es que si Estados Unidos acepta el uso de medios terroristas para combatir el terrorismo, toda su autoridad moral se desploma y se vuelve más difícil de distinguir entre los dos campos. En segundo lugar, los efectos sobre el funcionamiento interno de la democracia norteamericana pueden ser devastadores. Esta administración ha demostrado que, para ella, el marco legal es algo manejable y disponible según lo dicten los intereses del momento. La pura verdad es que lo que se ha conseguido a tan alto precio no es un país más seguro, sino más repudiado, criticable y, por lo tanto, más vulnerable. La patética torpeza personal y política de Bush tendrá como triste legado el de haber acelerado la crisis moral del imperio norteamericano.