Luego del huracán político de las últimas horas, que concluyó con la destitución del ministro de Justicia, uno siente esa extraña calma que le sigue a la tormenta. El incidente Crousillat ha dejado regados como cuerpos algunas reputaciones en el camino y ha tenido un altísimo costo para el Ejecutivo. Claramente, el principal protagonista ha sido Aurelio Pastor, uno de los jóvenes congresistas del Apra, quien no supo manejar su salida del ministerio luego del escándalo del indultado. Desde el momento en que la resolución otorgando el perdón presidencial fue derogada, era inevitable que quien estaba a cargo del sector –que evidentemente había fallado– tenía que asumir la responsabilidad por el fiasco. Sin embargo, durante tres días, esto no ocurrió y la situación innecesariamente se agravó. No sé si algún día sabremos qué fue lo que llevó a Pastor a no renunciar en el acto y, peor aún, a asumir una actitud belicosa en contra de los medios que habían denunciado las inconsistencias en la evaluación médica que avalaba el indulto que el Gobierno había otorgado. Pero al final del episodio, él ha resultado siendo el más perjudicado. Ahora lo que le toca al Gobierno es aquietar las aguas de una tormenta que ellos mismos han fabricado. Durante los próximos doce meses, el principal obstáculo que tendrá el país para poder recuperar rápidamente las altas tasas de crecimiento, que se extraviaron durante el último año, será la inseguridad que siempre se genera al pasar por un proceso electoral. El Gobierno, en lugar de producir una crisis como en esta ocasión, debería más bien dedicarse a calmar los mercados, buscando contrarrestar la incertidumbre y ofreciendo estabilidad en el manejo gubernamental. Más aún, sería adecuado que el presidente no interfiera con el proceso electoral, se debe evitar por todos los medios que las decisiones que tome el Ejecutivo terminen distorsionando la campaña y, con ello, echándole más leña al fuego de la inseguridad. Incluso, en temas como la inversión del Muelle Norte del Callao, el Gobierno está buscando contar con un consenso generalizado para que la concesión que se otorgue cuente con la garantía de un amplio apoyo político. La misma cautela debería aplicarse a las decisiones políticas más controvertidas y abstenerse de tomar medidas conflictivas, si es que no son objeto de un cierto acuerdo para evitar crear tormentas de la nada.