¿Cómo debiera pensarse la educación? ¿En qué deberíamos modificar estructuras e instancias de decisión que definen su rumbo? ¿Por qué su desarrollo es tan lento y sus resultados tan pobres? ¿Qué se espera para afrontar la reforma que, cada vez con más convicción e insistencia, demanda el país? Difíciles cuestiones a las que no es fácil responder, pero vale la pena ensayar algunas respuestas. Los aparatos de conducción política están diseñados para regular el presente y el futuro inmediato; se dirimen conflictos, se negocian los intereses de las demandas sociales, se llega a decisiones y se hacen promesas supuestamente en beneficio colectivo, pero siempre en escenarios de corto plazo. Si a veces se llega a visiones proyectivas más amplias, los escenarios futuros se registran como referencias complementarias y puramente ilustrativas. En educación se procede en función de lo viable, y lo viable es siempre inmediato. Sin embargo, la generación que empezó su educación inicial este año terminará su formación posiblemente en el 2026, incluyendo cuatro o cinco años de educación superior. En este sentido, el peligro del Proyecto Educativo Nacional, aprobado por este gobierno como Política de Estado de largo plazo en el 2021, corre el peligro de influir débilmente en las decisiones ejecutivas. Sería decepcionante que, una vez trazado el rumbo de la educación para los próximos 12 años, no se traduzca en la reforma de la educación que ese proyecto exige y que requiere decisión y continuidad para que tenga impacto en el desarrollo peruano. Tomar en serio la educación implica poner en marcha un proceso permanente de discusión sobre el futuro de nuestro país que alimente la toma de decisiones políticas; un proceso a la vez académico, social y político que lleve a consensos y compromisos colectivos que aseguren la necesaria contraloría de las acciones del Estado. Así, nuestro país aprendería a pensar en grande y a contraer compromisos con las siguientes generaciones de peruanos.