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Opinión | Dom. 24 may '09
Todo se sabe (o debería saberse)
Todo tiene un lado positivo. Hasta la consuetudinaria ignorancia de nuestros políticos sobre Internet. Solo ella explica que aquí, en el país del faenón bajo la mesa, hayan permitido que se instalen ciertas páginas web que nos permiten a todos los ciudadanos acceder a información pública y, especialmente, rastrear qué es lo que se hace con nuestro dinero.
Resulta irónico, por decir lo menos, que esos recursos se hayan creado durante la época de Fujimori y que, en parte, hayan contribuido a su caída (el caso del millón de firmas falsificadas fue la primera gran investigación periodística peruana que utilizó eficazmente bases de datos online del Estado, en particular las de la Sunat y del Reniec).
Existe ya una generación de periodistas que no puede concebir cómo demonios se investigaba antes de la aparición de Internet. Si sabes cruzar la información en línea de la Sunarp, con la de la web de Transparencia Económica del MEF, con la del Registro Nacional de Proveedores y la del Reniec, puedes conseguir una verdadera primicia. Sé de primera mano que buena parte de los sufrimientos periodísticos de Alejandro Toledo durante su gobierno se debieron a estos recursos de transparencia.
Y no es solo un asunto de periodistas. Ya es más o menos habitual en ciertos blogs publicar información obtenida de alguno de estos portales de transparencia y generar algún destape. Es que realmente es bastante sencillo. De hecho, esa es la idea: que todos los ciudadanos podamos monitorear esa información.
A nivel mundial, quien lidera este concepto es Barack Obama, el primer presidente nerd de la historia, que ha creado recovery.gov, un portal para rastrear lo que se hace con el dinero del plan de estímulo a la economía gringa, y transparency.gov, un monitoreo de todos los gastos de su gobierno.
Pero, claro, mientras el mundo avanza hacia más transparencia, nosotros retrocedemos. El último informe del Consejo de la Prensa Peruana, del 8 de mayo, mostró una cifra escalofriante: solo cinco instituciones estatales han cumplido con mantener al día su información administrativa y financiera en Internet, tal como manda la Ley de Acceso a la Información Pública. El estudio no midió gobiernos locales, sino el panorama ya sería desolador.
Por ejemplo: el IPYS acaba de lanzar un portal llamado Infopública, cuya idea es hacer periodismo de investigación usando la ley de acceso como herramienta periodística. Su primer destape ha sido increíble: resulta que el Metropolitano, ese proyecto que todos sufrimos diariamente mientras nos movemos por la ciudad, no pasó el estudio de impacto ambiental. O sea que el alcalde Castañeda está destruyendo Lima con un tajo que no cumple los mínimos estándares ambientales. Las consecuencias son inimaginables.
IPYS no obtuvo a través de Internet las informaciones oficiales que demuestran su hallazgo. Tuvo que enviar cartas, llamar por teléfono y aguardar las respuestas de la burocracia. Si la gente de Infopública se hubiese sentado a esperar que toda esta información sea publicada en la web de la Municipalidad de Lima, jamás nos habríamos enterado de tremendo dato.
Curiosamente, una entidad estatal que sí se transparenta en la web es el Consejo de Reparaciones, que está elaborando el Registro de Víctimas de la violencia. Informa al detalle de cómo gasta el poco presupuesto que le dan, de cuántos trabajadores todavía no ha tenido que despedir por falta de plata y de cuántos afectados por el terror sigue registrando a pesar de que es posible que la oficina colapse este año ante la indiferencia del Consejo de Ministros (ver al respecto una carta urgente de Beatriz Merino a Yehude Simon en el blog Notas desde Lenovo).
Interesante: una entidad que se esfuerza por transparentar sus gastos y actividades está a punto de desaparecer, mientras que la municipalidad de Castañeda, tan poco amable a la hora de brindar información sobre sus millonarios dispendios sigue gastando nuestro dinero en obras que ni siquiera respetan el medio ambiente. Porque de Internet nuestros políticos saben muy poco, pero a la hora de la viveza no hay quien les gane.
Resulta irónico, por decir lo menos, que esos recursos se hayan creado durante la época de Fujimori y que, en parte, hayan contribuido a su caída (el caso del millón de firmas falsificadas fue la primera gran investigación periodística peruana que utilizó eficazmente bases de datos online del Estado, en particular las de la Sunat y del Reniec).
Existe ya una generación de periodistas que no puede concebir cómo demonios se investigaba antes de la aparición de Internet. Si sabes cruzar la información en línea de la Sunarp, con la de la web de Transparencia Económica del MEF, con la del Registro Nacional de Proveedores y la del Reniec, puedes conseguir una verdadera primicia. Sé de primera mano que buena parte de los sufrimientos periodísticos de Alejandro Toledo durante su gobierno se debieron a estos recursos de transparencia.
Y no es solo un asunto de periodistas. Ya es más o menos habitual en ciertos blogs publicar información obtenida de alguno de estos portales de transparencia y generar algún destape. Es que realmente es bastante sencillo. De hecho, esa es la idea: que todos los ciudadanos podamos monitorear esa información.
A nivel mundial, quien lidera este concepto es Barack Obama, el primer presidente nerd de la historia, que ha creado recovery.gov, un portal para rastrear lo que se hace con el dinero del plan de estímulo a la economía gringa, y transparency.gov, un monitoreo de todos los gastos de su gobierno.
Pero, claro, mientras el mundo avanza hacia más transparencia, nosotros retrocedemos. El último informe del Consejo de la Prensa Peruana, del 8 de mayo, mostró una cifra escalofriante: solo cinco instituciones estatales han cumplido con mantener al día su información administrativa y financiera en Internet, tal como manda la Ley de Acceso a la Información Pública. El estudio no midió gobiernos locales, sino el panorama ya sería desolador.
Por ejemplo: el IPYS acaba de lanzar un portal llamado Infopública, cuya idea es hacer periodismo de investigación usando la ley de acceso como herramienta periodística. Su primer destape ha sido increíble: resulta que el Metropolitano, ese proyecto que todos sufrimos diariamente mientras nos movemos por la ciudad, no pasó el estudio de impacto ambiental. O sea que el alcalde Castañeda está destruyendo Lima con un tajo que no cumple los mínimos estándares ambientales. Las consecuencias son inimaginables.
IPYS no obtuvo a través de Internet las informaciones oficiales que demuestran su hallazgo. Tuvo que enviar cartas, llamar por teléfono y aguardar las respuestas de la burocracia. Si la gente de Infopública se hubiese sentado a esperar que toda esta información sea publicada en la web de la Municipalidad de Lima, jamás nos habríamos enterado de tremendo dato.
Curiosamente, una entidad estatal que sí se transparenta en la web es el Consejo de Reparaciones, que está elaborando el Registro de Víctimas de la violencia. Informa al detalle de cómo gasta el poco presupuesto que le dan, de cuántos trabajadores todavía no ha tenido que despedir por falta de plata y de cuántos afectados por el terror sigue registrando a pesar de que es posible que la oficina colapse este año ante la indiferencia del Consejo de Ministros (ver al respecto una carta urgente de Beatriz Merino a Yehude Simon en el blog Notas desde Lenovo).
Interesante: una entidad que se esfuerza por transparentar sus gastos y actividades está a punto de desaparecer, mientras que la municipalidad de Castañeda, tan poco amable a la hora de brindar información sobre sus millonarios dispendios sigue gastando nuestro dinero en obras que ni siquiera respetan el medio ambiente. Porque de Internet nuestros políticos saben muy poco, pero a la hora de la viveza no hay quien les gane.