Cuando me dicen, ¿qué importancia tiene el caso del “congresista come pollo” siendo, finalmente, un robo de poca monta?, la respuesta, amigos, no está en el pollo. El caso Anaya es un caso simple. Gastos fraguados, documentos falsos, hijos contratados y hasta la nuera en el despacho. El hombre es, cómo no, un catálogo de corruptelas. Sin embargo, supongamos que Anaya no es una excepción. Supongamos, como parece evidente, que el sistema está diseñado para que todo congresista haga lo mismo y pueda cobrar los S/. 7,000 (libres de impuestos) que, contra rendición de cuentas, el Parlamento le reconoce por gastos operativos. Por eso pedí, con toda candidez y amparada en la Ley de Acceso a la Información Pública, el registro y documentación de los gastos de cuatro congresistas en un determinado mes. Poca papelería para que no se nos acuse de cargar con tareas burocráticas a nadie. La respuesta fue una declaración de encubrimiento. Vencidos todos los plazos para una contestación, se nos dice que nuestro pedido no puede ser atendido porque se ha solicitado una auditoría y esta es reservada. Qué falacia. Yo no he pedido el resultado de una auditoría, ni intervenir en ese proceso. He pedido documentos que no tienen reserva ni excepción en la ley para no ser públicos. Con el truco de la auditoría se tapa por uno, dos o tres años (cuando estos sujetos ya no estén en el Congreso) la obligación de entregar información que puede determinar la destitución inmediata, por el delito de falsificación de documentos, de decenas de parlamentarios sumidos en un escándalo masivo. Es esa la clave de la historia. Una fuente del Congreso, asqueada de estas corruptelas apañadas por todas las Mesas Directivas y ejecutadas fielmente por una Tesorería laxa, me advirtió que la tapadera había llegado al punto de devolver a cada congresista todas las boletas y facturas de sustento de sus gastos. Como para que no quede huella, violando toda norma de la más elemental contabilidad. Si es así, ¿qué va a revisar la Contraloría? Y los ciudadanos, ¿qué podemos hacer? ¿Aguantar callados o pelear para devolver la dignidad a esta institución? Si usted quiere hacer algo, mande una carta al Congreso pidiendo las cuentas de su congresista. Esperemos que cientos o miles de cartas logren una reacción que los salve del papelón de llevarlos hasta el Tribunal Constitucional con un hábeas data. Yo estoy segura de que hay parlamentarios inocentes. Por su honor, publiquen sus cuentas y únanse a la causa de traer limpieza y transparencia al Estado exigiendo a la Mesa Directiva de Velásquez que diga la verdad. Ahora. No en tres años.