En una decisión que sentaría un grave precedente para las investigaciones de casos de DD.HH., en el Tribunal Constitucional (TC) estaría ganando fuerza la posibilidad de rechazar el recurso de queja presentado por el Instituto de Defensa Legal (IDL) contra la resolución judicial que declaró prescritos los crímenes cometidos en el penal El Frontón en junio de 1986. Así lo expresaron a Perú.21 fuentes cercanas a esa institución, quienes refirieron que el argumento que usaría el TC sería decir que el IDL no tiene “legitimidad” para presentar el recurso porque en el proceso judicial del caso actuó como tercero –pues presentó un amicus curiae o informe de opinión– y no como parte agraviada. CONSENSO EN VEREMOS. Consultado por este diario, el magistrado Ernesto Álvarez admitió que esta es una “línea de trabajo” que los miembros del TC vienen evaluando, pero que así como ella hay otras en estudio y que aún no hay consenso entre los miembros del Pleno. Asimismo, sostuvo que si se llegase a rechazar el recurso bajo estas consideraciones, de todas maneras el TC “tendría algo qué decir” sobre el tema de fondo, es decir, sobre si los asesinatos en El Frontón pueden prescribir. “No vamos ir en contra de la jurisprudencia internacional”, garantizó. Por su parte, Carlos Rivera, abogado del IDL, afirmó que si el TC rechaza su recurso “daría a los violadores de derechos humanos el mensaje de que tienen carta blanca para palanquear y hacer leguleyadas en el Poder Judicial”, como obtener hábeas corpus que les garanticen impunidad. Explicó que el patrocinio de su institución a un grupo de víctimas de El Frontón es conocido desde hace 21 años y que, en cualquier caso, el propio TC ha establecido, en anteriores sentencias, que los recursos de agravio constitucional también pueden ser presentados por terceros.