Cuando se pensaba que el Tribunal Constitucional (TC) no podía ir más lejos con sus polémicos fallos, dicho organismo estaría a punto de emitir una sentencia que, en resumidas cuentas, obligaría al Estado a retroceder en su política arancelaria, tal como lo adelantó ayer Perú.21. Según fuentes de este diario, el vicepresidente del TC, Carlos Mesía –vinculado al Partido Aprista–, habría elaborado una ponencia (borrador del proyecto de resolución) que acoge el recurso de amparo que presentó Cementos Lima contra la decisión del Ejecutivo de reducir a 0% el arancel a los cementos. Se dispondría, además, que se retorne al nivel del 12%, vigente hasta octubre de 2007. Consultado al respecto, el mencionado magistrado confirmó que el documento está listo, pero se negó a afirmar o negar si favorece a la cementera. “No puedo adelantar opinión ni pronunciarme sobre el contenido”, indicó escuetamente a Perú.21. INESTABILIDAD Y DESORDEN. Fuentes del Poder Ejecutivo expresaron su profunda preocupación por un fallo de esa naturaleza, dado que, según advirtieron, daría una nefasta señal de inestabilidad y desorden en el manejo económico. Sostuvieron que abriría la posibilidad de que las medidas de reducción de aranceles sean cuestionadas por terceros mediante procesos de amparo, lo que incrementaría el costo de insumos y bienes de capital importados. Perú.21 también se comunicó con el ex presidente del TC Víctor García Toma, quien enfatizó que, si bien ese organismo puede, en casos extremos, declarar inaplicable un arancel si contraviene la Constitución, en el fondo o en la forma, lo que de ninguna manera puede hacer es fijar una nueva tasa o “resucitar” niveles ya derogados. Subrayó que es competencia absoluta del Ejecutivo determinar los niveles de los aranceles y que en esa función puede ser controlado, mas no sustituido por el Tribunal Constitucional. SIN SUSTENTO. En el otro lado de la historia, el representante legal de Cementos Lima, Natale Amprimo, afirmó que la rebaja a 0% es contraria a los lineamientos de la política arancelaria aprobados en 2006. Dijo que, pese a que la norma garantiza que cualquier cambio será gradual para generar seguridad en el mercado, el arancel pasó de 12 a 0%. Indicó que nadie discute la potestad del Ejecutivo de fijar aranceles, pero aseveró que no puede dictar una medida arbitraria y sin sustento que beneficia a un importador.