La orfandad de ideas del gobierno aprista en el terreno de la lucha contra la corrupción, y el poco entusiasmo que exhibe por encontrarlas, le plantea el desafío de que la elección del próximo contralor general de la República le permita dar una señal positiva en un ámbito en el que, lamentablemente, no abundan las buenas noticias. El mandato del contralor actual termina el 29 de octubre. La selección de su reemplazante es crucial por varios motivos. Primero, por la propia relevancia del cargo, el cual es fundamental para minimizar la posibilidad de que se roben el dinero del Estado –es decir, de todos–, y para sancionar con rigor y oportunidad al ladrón. Además, es evidente que, hoy como ayer, la corrupción sigue robusta, vivita y coleando, a todo nivel gubernamental: central, regional y municipal. Esto es percibido por la población, la cual demanda una solución a un problema antiguo que reduce los recursos disponibles para combatir asuntos fundamentales como la pobreza, ya sea porque se roban el dinero o porque se toman decisiones equivocadas en el gobierno para favorecer intereses particulares. Asimismo, luego del fracaso estrepitoso de la Oficina Nacional Anticorrupción (ONA), el Gobierno tiene una deuda con el país para fortalecer esta pata coja de su actuación, la cual se ha mellado, además, por conductas inadecuadas como aquella en la que el Apra mostró una actitud tristemente cómplice con Tula Benites. De este modo, el gobierno tiene mucho por ganar si es que conduce un proceso limpio para elegir al nuevo contralor y no cede a la tentación de poner en ese puesto a alguien cercano o a un 'topo’ que le cubra las espaldas, pues la persona que sea elegida estará en funciones casi durante todo el siguiente mandato presidencial. Un buen comienzo es que el presidente Alan García haya dicho que no será aprista. Tampoco debe ser de oposición. Debe ser alguien que no se case con nadie, que le interese su prestigio antes que la cuchipanda política, con capacidad técnica para entender el mundo empresarial, conocimiento del sector público y, sin duda, con autoridad ética. El país ganaría mucho si la elección del nuevo contralor se conduce con transparencia extrema y la posibilidad del escrutinio de la ciudadanía.