Pistas agrietadas, desagües rotos, desmontes, letreros de peligro en cada esquina, y durante las noches, plagas de ratas y ladrones. Así se encuentran actualmente los alrededores de la Escuela Militar de Chorrillos por las obras del Metropolitano. Incluso, las principales arterias aledañas a la zona siguen bloqueadas –desde hace siete meses–, y los desvíos por calles retrasan, hasta en 45 minutos, la salida de este distrito. Lamentablemente, dicha situación no tendría una solución inmediata pues la Municipalidad de Lima y el Ejército Peruano continúan enfrentados debido a una presunta invasión de terrenos militares por las obras del corredor vial. EXIGEN TERRENOS. Fuentes del Ministerio de Defensa aseguraron el lunes pasado que la comuna de Lima habría decidido desconocer el resultado del peritaje acordado con el Ejército Peruano, yendo en contra de su compromiso inicial de respetar los resultados como una solución final al conflicto. El informe del perito, nombrado por ambas partes, le habría dado la razón al Ejército tras concluir que el municipio dañó ocho mil metros de propiedad militar con las obras ejecutadas y que debía pagar por el perjuicio causado. Sin embargo, el acuerdo de respetar la decisión del perito habría sido desconocido por el alcalde de Lima, Luis Castañeda. Las fuentes ministeriales aseguraron que el burgomaestre habría dado marcha atrás. QUIEREN OTRO PERITAJE. Por su parte, la jefa de la Oficina de Asuntos Legales de Protransporte, Rosa María Ortiz, pidió una reevaluación del tema. Según la funcionaria, los planos con los que se elaboró el informe técnico –facilitados por el Ejército– no son los que, en realidad, figuran en los Registros Públicos. “Los planos fueron diseñados por ingenieros militares y tienen errores. No existe una superposición de ocho mil metros cuadrados a favor del Ejército. No hemos invadido propiedad castrense, y los documentos en Registros Públicos dan fe de ello”, subrayó Ortiz. La representante de Protransporte manifestó que la institución castrense no puede alegar una lesión por parte de la comuna, pues –afirmó– los supuestos terrenos invadidos no le pertenecen al Ejército, sino al Estado.