En los últimos cinco años, 15 mil personas han fallecido y 200 mil quedaron heridas en nuestro país a causa de accidentes de tránsito. Tanto la informalidad en el transporte interprovincial como el pésimo estado del parque automotor y el consumo de alcohol están entre las principales causas que nos llevan a tener tan trágicos resultados. Para resaltar una alarmante situación que se está desbocando en los últimos días, hemos presenciado un dantesco accidente con 20 pasajeros calcinados por culpa de un conductor extenuado y una seguidilla de dramáticos accidentes urbanos causados por choferes que estaban embriagados. Por ello, debemos saludar la rapidez con la que ha reaccionado el gobierno ante la indignación ciudadana causada por estos últimos accidentes. Se han establecido multas para los vehículos que estén en mal estado, se obliga a los ómnibus interprovinciales a contar con un limitador de velocidad y se establecerá el control satelital en las carreteras. Pero el mayor impacto en nuestra seguridad y tranquilidad lo debe dar el aumento de la penalidad por manejar en estado de ebriedad. A partir de julio, los choferes que estén por encima del límite de alcohol, al margen de que no hayan causado ningún accidente, serán multados y suspendidos por lo menos seis meses. Incluso si el Congreso pone de su parte y complementa esta acción aprobando las modificaciones al Código Penal, se le agregaría al infractor por lo menos una quincena de prisión. Este conjunto de penalidades hará que la gente lo piense dos veces antes de arriesgarse a terminar en la cárcel por manejar luego de un par de tragos en vez de tomar un taxi. Aunque para que la disuasión efectivamente funcione, la Policía tiene que mejorar sus propios controles. Es fundamental evitar que el resultado de este esfuerzo sea únicamente el aumento del monto en las 'negociaciones’ informales que muchos efectivos realizan con el conductor cuando es atrapado. Dicho de otra manera, si no se elimina la corrupción policial, de nada servirá el esfuerzo. Finalmente, ante la necesidad de no conducir cuando se ha tomado, sería adecuado recordarle al alcalde Castañeda que tomar un taxi en Lima es altamente riesgoso. Debería, por lo tanto, apoyar este esfuerzo empadronando y formalizando a los taxis de la capital. Tiene hasta el mes de julio para lograrlo.