Resulta muy significativa la rápida y airada reacción de algunos ministros contra la iniciativa del vicepresidente Luis Giampietri de ponerle limitaciones a la inversión extranjera en el Perú mediante una ley. Es muy probable que el congresista, reflejando el pensamiento de un sector de las Fuerzas Armadas, considere que es un grave problema para la seguridad nacional que inversionistas de países vecinos –en especial de Chile– hagan grandes negocios en el Perú y que sus gobiernos no muestren la misma reciprocidad con los inversores peruanos dentro de sus territorios. La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Mercedes Aráoz, fue la primera que puso el grito en el cielo al calificar la iniciativa de Giampietri como una “tontería”. La siguió con el mismo tono el ministro de Agricultura, Ismael Benavides. Lo curioso es que no se ha escuchado ni leído nunca una sola crítica de algún ministro o alto funcionario del gobierno contra el mismo congresista a propósito de sus opiniones sobre los derechos humanos, las prerrogativas de los militares o el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Sin duda, todos tienen derecho a decir lo que piensan sobre estos u otros temas, incluido el referido vicealmirante. Sin embargo, es muy sintomático que los funcionarios cierren filas ante cualquier iniciativa que pretenda rozar el sacrosanto ideario neoliberal, incluso si la ilusa propuesta –no cabe sino calificarla así en estos tiempos de aperturismo extremo– proviene de las filas del propio gobierno. Los neoliberales que solo entienden de TLC y de inversiones, sin importar los costos sociales, ambientales o políticos, se han visto sorprendidos por la iniciativa del vicepresidente. Los militares aceptan las reglas del libre mercado siempre y cuando consideren que no afectan la seguridad de su corporación y el objetivo principal de su misión: la defensa del territorio nacional. Pueden ser extremadamente conservadores, como Giampietri, pero siguen pensando el país, sobre todo en relación con los países vecinos, desde la perspectiva de estado nacional corporativo. La hipótesis de la consolidación de la “amistad” vía las inversiones, sobre todo si son tan desiguales como sucede con Chile, les resulta inaceptable, más aún cuando este país no cesa de armarse. He aquí, pues, un punto de quiebre entre el gobierno y los militares, exhibido “sin querer queriendo” por el vicepresidente Giampietri. No es gratuito, además, que suceda en circunstancias en que el gobierno, a través del ministro de Defensa, le ha dado luz verde al alto mando castrense, que hace rato viene opinando públicamente sobre asuntos políticos. Sin embargo, habían olvidado comunicarle que el ámbito de la economía es un coto cerrado: ahí sí, los militares son “no deliberantes”.