La seguridad es un bien público por excelencia y el Estado debe proveerla a todos los ciudadanos. En el Perú eso se ha conseguido solo muy parcialmente y ahora la situación empeora. La PUCP acaba de divulgar los resultados de su encuesta sobre seguridad. Para fines de esta reflexión me interesa resaltar un aspecto específico que esta confirma: la población basa su seguridad principalmente en decisiones y acciones privadas. Según la encuesta, el 57% tiene contratado en el barrio a un vigilante particular, lo que en una ciudad de cerca de 8 millones y calculando un vigilante por cada 100 personas, nos daría que hay alrededor de 50,000 vigilantes, la inmensa mayoría informales; es decir, más del doble de todos los policías que existen para todo propósito en la capital y diez veces más que los serenos. Habría que agregarle que las personas que dicen vivir en barrios con ingreso restringido han subido 7% con respecto del año pasado y llegan al 32%. ¡Más de dos millones de personas! Súmenle que el 26% –8% más que hace un año– afirme que en su barrio hay rondas de vigilancia. Asumiendo que solo uno de cada dos de los que han respondido que sí realmente participa en ellas, en Lima habría cerca de un millón de personas que le dedican parte de su tiempo a la seguridad. Esos son datos para la capital, donde el Estado es más fuerte (o menos débil). Pero la presencia estatal va disminuyendo conforme nos vamos a otras ciudades y es básicamente simbólica en el ámbito rural, tanto para los moradores como para toda la actividad económica. La alternativa es la 'autoseguridad’. Desde hace décadas, por ejemplo, en toda la sierra norte los campesinos se organizan en rondas. Esto tiene un lado muy positivo que da cuenta de la capacidad de la población para reemplazar al Estado ausente, en este y en tantos otros tantos campos; pero, a la vez, es un arma de doble filo porque perdido el monopolio público, se pierde también la capacidad de ejercer controles. Por fuera de las leyes de la República y los derechos fundamentales, la gente es la que decide cómo se ejerce el orden y la seguridad; si a un delincuente se le lincha, si se justifica impedir el paso por una vía a todos o a algunos, etc. Las expresiones son diversas y ocurren todas las semanas. En la que termina, en el distrito de Sanagorán, Huamachuco, 2,500 ronderos trataron de linchar al alcalde acusado de asesinar a una persona y coludirse con la Policía. En el intento quemaron tres patrulleros, botaron los muros de la cárcel y 16 reclusos escaparon. ¿Más ejemplos de este fracaso estatal? Pongamos ahora uno urbano. Una parte importante de los policías en las calles no están en función pública; están allí no por nosotros, sino contratados para cuidar establecimientos privados, desde los más grandes y formales hasta el casino de barrio de más dudosa reputación. Para decirlo con crudeza: para complementar sus ingresos trabajan como 'guachis’, pero con uniforme verde, placa y armas del Estado. Estos problemas vienen de atrás, pero se agudizan por la inacción de hoy. Una idea de hasta qué punto en Interior están en la luna al respecto es lo que dijo Alva Castro al día siguiente de los hechos de Sanagorán. Cito: “todo ha vuelto a la normalidad en Huamachuco”. Sí, señor ministro, se ha vuelto a la “normalidad” y, aunque usted no pueda comprenderlo, he allí el problema.