El día de mañana, cuando el gabinete presidido por Yehude Simon se presente ante el Congreso, es un momento clave para el gobierno. No tanto por el riesgo de que el nuevo Consejo de Ministros no obtenga el voto de confianza que va a solicitar, el cual está asegurado, sino porque esta presentación debería servir para establecer, con claridad, los objetivos de una administración que ingresa a la segunda mitad del período para el que fue elegido. Entre los temas que la oposición ha solicitado que estén incorporados en la agenda de temas prioritarios del nuevo gabinete se encuentran la corrupción, la crisis económica y los conflictos sociales. Se trata, sin duda, de tres asuntos cruciales en el momento actual, que seguramente serán abordados por el gabinete Simon. El primero –la corrupción– es fundamental si se tiene en cuenta la relevancia que la opinión pública le ha puesto a la sensación de falta de honestidad en el sector público debido a la crisis de los 'petroaudios’. La respuesta a este grave problema no se encuentra, ciertamente, en meros impulsos de entusiasmo o de voluntarismo, como fue la ONA, sino en planes bien estructurados para atacarlo desde la raíz. Es necesario el reforzamiento de la capacidad de identificar los robos en el sector público, así como de aplicar las sanciones más rigurosas ante estos casos. Finalmente, también es importante la señal que proyecte el sistema político en la próxima designación del contralor general de la República. El segundo tema relevante en el discurso de mañana del nuevo premier debiera ser el enfrentamiento correcto y oportuno de las consecuencias de la crisis financiera internacional que se encuentra en pleno proceso evolutivo, incluyendo el reforzamiento de la capacidad de comunicación con todos los agentes económicos –consumidores y productores– con el fin de que se puedan tomar decisiones oportunas y que no haya un susto exagerado, ni se nos pase la misa de once si las cosas se complican mucho. El tercer componente de la agenda del gabinete debería ser una mejora sustantiva en la capacidad de enfrentar oportunamente los casi 200 conflictos sociales que hay en todo el país, pues la explosión de varios de ellos pueden mellar bastante al gobierno.