De acuerdo con el Plan Maestro de Transporte Urbano para Lima y Callao, elaborado por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), la capital necesita –además del Metropolitano y el tren eléctrico– ocho corredores viales más para ordenar el caótico tránsito que impera en la ciudad. Pero ¿se tienen los fondos para estas obras? A excepción del corredor que ya está en plena ejecución (el Metropolitano) la respuesta es no. Por ello, especialistas en transporte han planteado que sea el Ejecutivo el que asuma los costos para que esta nueva red vial sea una realidad. El municipio metropolitano estaría dispuesto a aceptar esta propuesta. En efecto, Marco Parra, teniente alcalde de Lima, afirmó que el concejo capitalino estaría dispuesto a recibir una transferencia de fondos para los corredores viales que se necesitan. Sin embargo, agregó que esta alternativa tendría que ser una iniciativa del Gobierno Central, pues ellos no la solicitarán. “Ya se trabajó así con el tema de las obras APEC. Nos dieron 50 millones de soles y nosotros las entregamos en el plazo señalado”, resaltó. ES FACTIBLE. Para Rafael García, regidor metropolitano, la posibilidad de que el Ejecutivo dé un aporte para un nuevo sistema vial no solo es razonable, sino factible. Indicó que el plan anticrisis en marcha podría disponer fondos para comenzar la implementación de los ocho corredores adicionales que la metrópoli necesita. García refirió que esta ayuda del Ejecutivo estaría plenamente justificada si se tiene en cuenta que Lima alberga la mayoría de instituciones públicas y ministerios, una carga que no es compensada. “El Gobierno debe meterse la mano en el bolsillo para este fin, como lo hacen los gobiernos de otras ciudades capitales. Lima es una megaciudad capital”, puntualizó. Tras criticar la demora en las obras del Metropolitano, Juan Tapia Grillo, presidente de la consultora en transporte Cidatt, opinó que la ayuda del Ejecutivo es una buena solución para crear más corredores viales, pero que de la mano con esto se debe fortalecer la regulación del sector.