Vuelvo sobre el Congreso con una pizca menos de pesimismo que hace una semana. No porque me haya despistado y crea que las visitas que han empezado, para fiscalizar obras y conocer, “en el terreno”, la realidad de sus electores (¿recién?), puedan tener un efecto favorable en una opinión pública hastiada de ellos a niveles pocas veces vistos. Según la encuesta nacional de Ipsos Apoyo, la aprobación del Congreso es hoy de solo 11%, inferior a todas las demás instituciones del Estado. Las causas de ese profundo rechazo son, principalmente, corrupción (65%), falta de capacidad (44%) y mal comportamiento (41%). Su “acercamiento al pueblo”, cambiando su función de legisladores y fiscalizadores por la de inspectores de obras públicas, difícilmente va a cambiar esa percepción y solo servirá para que algunos de ellos (pocos, si nos guiamos por la historia reciente) consoliden aquella clientela mínima que les permitirá repetir el plato. Reposando en el curul o con el casco de ingeniero, no hay semana en la que no se conozca de nuevas situaciones escandalosas. A la interminable lista se ha sumado el caso del aprista Mario Alegría, quien omitió incluir en su declaración jurada ante el JNE que tenía una sentencia judicial en su contra por delito contra el patrimonio por defraudación, debido a que robaba energía eléctrica (¡vaya que la luz los atrae!), cometiendo quizás al hacerlo otro delito (falsedad genérica). Sus compañeros lo han defendido con el mismo entusiasmo con que lo habrían hecho leña si es que fuese de otro partido. Hasta aquí, nada nuevo, y solo el humor de nuestros caricaturistas y cómicos permite suavizar el impacto desmoralizador y perturbador que esta realidad conlleva. Lo que sí da algo de esperanza es que, de acuerdo con la encuesta que comentamos, la gran mayoría de la población apoya el tipo de medidas que podrían ayudar a mejorar, un poco, el próximo Congreso. Así, 57% está de acuerdo con eliminar el voto preferencial (un cambio importante ya que, antes, a la gran mayoría le gustaba); 86% quiere el voto voluntario (que obligaría a los partidos a existir más allá de las elecciones a riesgo de no tener luego electores); 74% apoya la renovación por mitades (es verdad que creyendo que es una sanción); 69% quiere limitar la inmunidad parlamentaria (que hoy es excusa para evadir responsabilidades para hechos cometidos antes de ser congresistas); 78% simpatiza con la reducción del tamaño de los distritos electorales; incluso, un 54%, aceptaría que haya un Senado (aunque, quizás, si la pregunta hubiera hecho más explícito el aumento de congresistas que ello implicaría, el resultado sería diferente). En fin, hay una opinión pública dispuesta a aceptar cambios importantes. La pelota está en cancha del Congreso. Que no se escuden en que la gente no los quiere (a los cambios, me refiero).