Alan García destruyó a Lourdes Flores en la última elección porque le 'chantó’ el mote de “candidata de los ricos”. Ahora, ella le paga con su misma medicina y lo llama “presidente de los ricos”. Así como hace dos años la gente le creyó a García, ahora la gente le cree a Flores. Los dardos envenenados son un componente tradicional de la política, aquí y en todas partes. Pero la efectividad del veneno depende de la credibilidad que tenga en la población. Hace dos años, la gente creyó, efectivamente, que Flores era la candidata de los ricos. Y ella hizo todos los méritos para que así fuera. Empezando por incluir en la plancha a Arturo Woodman, funcionario del grupo empresarial más reconocido del país (quien ahora, paradojas de la vida, está con el gobierno aprista). Esto, junto con varios errores más, le costó la campaña a Lourdes Flores, además de su reputación política al punto que ahora muchos creen –erróneamente en mi opinión– que ya está liquidada. Pues, ahora, ella le devuelve el título y corona a García como el “presidente de los ricos”. No es la única que lo ha hecho. Si en algo han coincidido Flores, Ollanta Humala y Alejandro Toledo en el último par de semanas es, justamente, en calificar de ese modo al líder aprista. El problema de García es que muchos lo creen, según las últimas encuestas, y ahí radica su piconería. Según la PUCP, la mayoría cree que cuando el gobierno toma decisiones privilegia a Lima frente a las provincias (58/12), a los dueños de empresas frente a los trabajadores (73/7), a la clase alta frente a los sectores populares (66/11), y al empresario extranjero frente al nacional (59/11). El mote de Flores puede ser tan injusto como el de García en la campaña. Pero si la gente lo cree, pues García está ahora tan 'fregado’ como Flores hace dos años. La respuesta del gobierno –reiterada en los últimos días por García, Jorge del Castillo y Mauricio Mulder– es que la culpa es del periodismo no ayayero. La soberbia le impide reconocer que la explicación radica en su falta de capacidad de reacción a los conflictos regionales, en su poco interés por reformas sustanciales en los servicios públicos básicos –salud, educación, seguridad, justicia– que afectan la calidad de vida de los pobres, y en su lenguaje arrogante que lo desconecta de la gente.