Cuando los temas oscuros no son aclarados o cuando las interrogantes se dejan en el aire, entonces regresan como almas en pena para perseguir a los que no dan respuesta. Así tenemos que se han cumplido dos meses desde el destape del extraño pago al contado a Comunicore de una deuda de 36 millones de soles que dicha empresa había adquirido a un enorme descuento solo días antes. Deuda que, originalmente, había sido refinanciada a 10 años en términos muy favorables para la Municipalidad de Lima. Sin embargo, no solo no se han despejado las incógnitas alrededor de tan peculiar negociación, sino que las dudas se van incrementando. Ahora tenemos que la operación nunca fue informada y, menos aún, autorizada por el Concejo Metropolitano. Más aún, algunos regidores se han enterado de ella a través de este diario. Este hecho es alarmante si consideramos que la municipalidad le informó a la Sunat –entidad que sí indagó por tan inexplicable transacción– que el grueso de los fondos que se utilizaron para pagar, en enero de 2006, a Comunicore provenían de un saldo de reestructuración de deudas que fuera aprobado en una sesión del Concejo, en setiembre de 2005. Pero lo que la comuna omitió informar a Sunat es que esos 21.6 millones de soles a los que hace referencia fueron autorizados recién en marzo 2006, y no para pagar deuda, sino para ejecutar el plan anual de inversiones. Es decir, la supuesta aprobación presupuestal –en la cual, dicho sea de paso, nunca se menciona la operación en cuestión– se habría efectuado 60 días después de haber concluido la transacción y con los fondos ya transferidos a la cuenta bancaria de Comunicore. Incluso, para la fecha en que se efectuó la citada sesión, ya todo el dinero había desaparecido a cuentas en el exterior. Entonces, si antes no comprendíamos la justificación ni la lógica para esta extraña operación, y tampoco entendíamos la rapidez con la que se efectuó o la celeridad con la que se pagó, ahora tenemos que sumarle a esas interrogantes el conocer la justificación legal que los faculta a intentar regularizar una operación no autorizada de esa magnitud y a desviar recursos públicos aprobados para ejecutar obras de inversión. Todo ello a fin de pagar al contado una deuda refinanciada que había sido comprada a un enorme descuento por el beneficiado.