La combinación de la presión de la calle –aunque lo apropiado sería de 'la selva’– con los votos de la oposición en el Congreso logró derogar los D.L. 1015 y 1073, y una derrota del gobierno que tendrá varias implicancias. Una es que preserva la regla de que la protesta popular –con tomas de carreteras– sigue siendo un mecanismo efectivo para lograr una demanda social. Para unos, como Confiep, ceder en esta circunstancia “abre la puerta para la anarquía” y resquebraja la democracia y el principio de autoridad. En efecto, este resultado traerá más imitaciones en otras regiones. Pero este asunto también se puede ver desde el otro punto de vista: acá el que no llora, no mama, es decir, esa es la única manera de reclamar cuando no funcionan los mecanismos de diálogo social. Para evitar llegar a estas circunstancias lamentables, el gobierno debería revisar su sistema de implementación de políticas. El que tiene ahora, como lo confirma la ley de la selva, es un desastre, sin capacidad de previsión ni de poner en marcha los pasos indispensables para la aceptación social de una medida. Merece, por improvisado, este resultado que ojalá lo haga recapacitar. Lo sucedido también evidencia la necesidad de que el gobierno revise su estrategia política, incluyendo la importancia que deberían tener en la misma los mecanismos de diálogo aun cuando el presidente de la República no les tenga confianza. Pero sin mayoría parlamentaria, y con una población molesta con él, no tiene otro camino que usar su talento en la tarea de persuadir. El gobierno también sale políticamente magullado. Lourdes Flores, Alejandro Toledo y Ollanta Humala se pronunciaron por la derogatoria. Y el gobierno le regaló a este último el éxito de la protesta, convirtiéndolo –sin fundamento– en una especie de 'rey de la selva’. De paso, esta primera derogatoria podría ser el inicio de otras más dentro del reciente paquete de decretos legislativos. Lo mejor que podría hacer el gobierno ahora es usar las tres semanas que tiene para observar la derogatoria en un esfuerzo por transformar un debate absurdo del '66% vs. 51%’, a un acercamiento con las comunidades que no sea de conflicto sino de cooperación. Y, también, para darle orden, consistencia y articulación a su afán modernizador.