En una cuestionada decisión, la Sala de Derecho Constitucional de la Corte Suprema ordenó a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) reponer en su cargo a Lizardo Benites Panuera, quien en diciembre de 2005 fue despedido por haber solicitado US$15 mil a un importador para solucionarle el problema tributario que este mantenía. La resolución del tribunal supremo, presidido por el vocal Alejandro Rodríguez Mendoza –a la que Perú.21 tuvo acceso–, señala que la entidad tributaria no cumplió con reponer al trabajador en su centro de labores, pese a que la Corte Superior de Huaura ordenó, en 2006, que el ex servidor continuara ejerciendo sus labores en la División de Almacenes de Aduanas en Santa Anita, por lo que exige la ejecución de la orden judicial. GRAVE OMISIÓN. En su decisión, la Sala Suprema no tomó en cuenta que, durante la investigación administrativa en la Sunat, el trabajador reconoció haber presionado al empresario para que este pagara la 'coima’. De hecho, fue el mismo hombre de negocios –refiere la Sunat– quien entregó los audios de las conversaciones telefónicas que sostuvo con Benites, los que corroboraron su culpabilidad. Sin embargo, la Corte Suprema señala que la entidad tributaria violó los derechos constitucionales del ex trabajador al no haberle permitido el ingreso a sus instalaciones y, menos, haberle proporcionado el carné que lo identificaba como personal del citado organismo. El voto en contra a esta decisión la asumió el vocal Roger Ferreira Vildózola. Fuentes consultadas por este diario informaron que –tras la resolución–, a fines de agosto, la Sunat repondrá en sus funciones a Benites quien, además, enfrenta desde 2007 un proceso judicial por el presunto delito de tráfico de influencias en el 30° Juzgado Penal de Lima.