Con la renuncia obligada del viceministro del Interior, Wilson Hernández, se dio por concluida la nueva política del gabinete dirigida a involucrar a ministros, viceministros y a otros altos funcionarios en la negociación y solución de los conflictos sociales. Es cierto que no se puede permitir la captura de policías –ni de ninguna persona– durante las protestas sociales: estos actos no solo violan la ley, sino que pueden convertirse en un detonante para sangrientos enfrentamientos. Sin embargo, como dice la revista Caretas en su último número, “recortar las posibilidades de negociación en un bosque siempre inflamable es un lujo que el Gobierno no puede permitirse”. Más aún, en crisis como la que se vivió en Pasco, el Ministerio del Interior pudo haberse abstenido de formular la acusación contra los dirigentes, y el Ministerio Público, actuar de oficio. A partir de lo sucedido con el ex viceministro y del acta firmada con los pobladores de Paucartambo (Pasco), que habían retenido ilegalmente a 13 policías, los sectores sociales y los propios altos funcionarios han sido notificados: nada se puede acordar, en situaciones de crisis social, sin el conocimiento y el visto bueno de “las más altas autoridades”. Léase: sin el visto bueno del premier Javier Velásquez. Puesto ante una eventualidad semejante, los involucrados en futuros conflictos pensarán con seguridad que es mejor que el premier se encargue directamente de la negociación… no sea que los representantes oficiales de menor rango sean descalificados, por más que hayan sido designados para negociar. La gente lee pronta y certeramente quién toma las decisiones y cómo se organiza el poder político. Es, pues, un asunto de poder y el mensaje resulta claro: no hay más que negociar con la cabeza, con el que tiene poder para sostener sus decisiones y no ser objeto de una obligada renuncia. Es muy difícil imaginar, por otro lado, que el viceministro Hernández firmara la cuestionada acta sin el conocimiento de su ministro, el teniente general PNP Octavio Salazar (el director de la PNP acompañó en todo momento al viceministro). Sin embargo, resultó el único sancionado y debió asumir solo la 'metida de pata’. La decisión adoptada es también, así, una manera muy práctica de enviar la señal: sin el explícito aval del premier, los ministros tienen también un precario poder para negociar en situaciones de crisis social. Finalmente, si se quiere ser tan duro con los que protestan, aun excediéndose, ¿qué se hará con aquellos que dan los motivos para la protesta? Porque, que se sepa, nada les pasa. El caso de Doe Run es paradigmático: cómo no cumplir los acuerdos con el Estado y la población, y salir muy bien librado.