Con la publicación del informe de investigación sobre el contenido de la computadora de Rómulo León Alegría se abre un nuevo episodio en la saga de los 'petroaudios’. En realidad, la información contenida en los 'petromails’ –que se hará pública a partir de esta edición– demuestra la extensión de la red de contactos en el gobierno con los que contaba y operaba el dueño del computador. Es clara la intención de Rómulo León y sus asociados de participar en cuanto negocio había alrededor del Estado y para ello usaba su ex militancia aprista como el conducto para la vinculación. El que haya logrado abrir tantas puertas no hace sino alarmarnos, y no queda sino preguntarnos: ¿cuántos partidarios o allegados ofreciendo productos o servicios están circulando por las dependencias del Estado? ¿Cómo evitar que a medida que se acerca el final del mandato la situación se pueda deteriorar aún más? Claramente, en la actual situación, la elección de un buen contralor es fundamental. Por otro lado, el de los funcionarios implicados, si bien se confirma la participación en actos de corrupción de algunos, es innegable que todos han pecado; aunque el grado en el que lo hayan hecho algunos de ellos podría ser que no esté penado. En los casos de los sectores de Salud e Interior –que detallamos el día de hoy– es evidente que no estamos frente a inversionistas extranjeros dispuestos a arriesgar capital en el Perú o a invertir en el agro o turismo, por ejemplo. Definitivamente no es así. Estamos frente a un grupo que buscaba simplemente lucrar sin arriesgar, ganando licitaciones para obras públicas que serían pagadas con el dinero del contribuyente; es decir, del ciudadano común y corriente. ¿Qué justificación pueden dar los altos funcionarios para haber dedicado tanto de su escaso y valioso tiempo a recibir a León y a sus asociados? Ciertamente no era su obligación ni estaba dentro de su función apoyar o darle la mano a un proveedor. En todo caso, una única entrevista podría ser entendible para cumplir con el amigo, pero más de una reunión demostraría complicidad con la intención de lucrar de León. De cualquier manera, será el juez quien determinará si incurrieron en delito. Lo que es incuestionable es que todos ellos demostraron una tremenda falta de criterio y de ética que los descalifica para cualquier futura función o cargo público.