En sus primeras declaraciones a la prensa desde que asumiera la conducción del Ministerio de Justicia, el aprista Aurelio Pastor anunció que coordinará con el Poder Judicial (PJ) a efectos de realizar algunos ajustes para evitar que el beneficio del arresto domiciliario, otorgado a algunos reos, sea concedido sin incurrir en abusos. Esa fue su respuesta cuando, en entrevista que concedió a Radioprogramas, se le pidió una opinión sobre la excarcelación de su ex 'compañero’ Rómulo León Alegría y sobre las versiones periodísticas que dan cuenta de supuestas salidas irregulares del abogado Alberto Quimper. Ambos, se recuerda, están implicados en el escándalo de los 'petroaudios’ y han sido beneficiados, también, con la detención domiciliaria. “La decisión de enviar a los procesados a sus domicilios es del Poder Judicial y no del Gobierno. Si el juez lo considera, le da a uno arresto domiciliario. (En todo caso) conversaremos (con el Poder Judicial) sobre la posibilidad de hacer algunos ajustes para que no se abuse de ello. La mayoría (de casos) no son políticos sino por delito sexual, porque hay retraso en la administración de justicia y el sujeto arrestado ha pasado el máximo de tiempo que debe estar (en la cárcel)”, comentó. Y, en cuanto a Quimper, declaró que si se confirma que violó su arresto domiciliario, este podría volver a ser recluido en un centro penitenciario. Precisamente, ayer en la tarde, el titular del Sexto Juzgado Anticorrupción, Jorge Barreto, acudió a la vivienda de Quimper –ubicada en Miraflores– para verificar en qué condiciones cumple la orden de detención domiciliaria. DESLINDE. El tema también fue abordado por la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, quien señaló que la detención domiciliaria es un beneficio que otorgan los magistrados del Poder Judicial y en el que no interviene el Ministerio Público. No obstante, refiriéndose al caso específico de Rómulo León Alegría, recordó que la fiscalía ha presentado un pedido de revocatoria que deberá resolver oportunamente la Corte Suprema de Justicia. En cuanto a la eventual excarcelación del líder del denominado movimiento etnocacerista, Antauro Humala, la fiscal manifestó que, si esta se confirma, deberá ser acatada. Sin embargo, comentó que para la adopción de dicha medida deben tomarse en consideración determinados factores, como la complejidad del proceso y la conducta procesal del involucrado. “No sé si todo esto ha sido evaluado por el tribunal”, puntualizó.