El Ejecutivo reguló ayer el apoyo legal que se les brinda a los militares y policías procesados por supuestos delitos contra los derechos humanos. Según un decreto supremo, esta ayuda se otorgará a pedido de parte y, exclusivamente, a través de los abogados que los sectores Defensa y del Interior contraten mediante los procesos de selección correspondientes. En caso se determine su culpabilidad, el agente deberá reintegrar los gastos de su defensa y, como garantía, se le descontará de la planilla o de la pensión.