Domingo 27 de mayo del 2012 | 23°
El abuso del poder por parte de los gobiernos siempre logra generar, tarde o temprano, resistencia y rechazo por parte de los ciudadanos. Sin embargo, el abuso que comete el aparato estatal al exigirle a la población trámites absurdos e innecesarios usualmente es aceptado. Parecería que en nuestro país la carga burocrática se ha integrado de tal manera en nuestro quehacer diario que simplemente ya la asumimos y la damos por descontado. Perú tiene una de las más complejas e ineficientes burocracias; basta ver cualquier indicador de comparación internacional para confirmarlo, pero su eliminación no parece estar en la agenda nacional. Debe ser reflejo de nuestra herencia andina vivir resignados a arrastrar una pesada carga burocrática siempre. Sin embargo, uno de los principales problemas del país es el nivel de informalidad –el quinto más alto del mundo– causado por el exceso de burocracia. El estado es tan retorcido en sus formas que hasta para cobrar impuestos, lo cual uno pensaría que más bien facilitaría, crea trabas y obstáculos innecesarios. Es por ello que la iniciativa de Guillermo Giacosa de ofrecer la publicación en su columna de los trámites más inútiles que hayan tenido que realizar sus lectores es imaginativa y oportuna. Adicionalmente en el diario abriremos un blog para propiciar más discusión al respecto. Solo difundiendo lo absurdo que puede ser el surrealista mundo de los funcionarios que imponen trámites kafkianos y requisitos innecesarios a los ciudadanos, podremos causar suficiente vergüenza en los gobernantes y lograr que cumplan con su labor eliminándolos. La simplificación administrativa estuvo en boga en nuestro país por un breve periodo hace veinte años, posiblemente lo único positivo que hizo el otro García durante su gestión, pero el entusiasmo duró poco y aún arrastramos el lastre burocrático. Al menos, el antecedente demuestra que se puede hacer. Es fundamental volver a intentarlo y se debería empezar con la eliminación del incentivo de crear requisitos solo para que las entidades públicas puedan cobrar –declarando para ello gratuito todo trámite que sea obligatorio realizar–. El presidente, en su discurso inaugural, ofreció convertirse en el defensor del ciudadano ante el abuso del estado, ojalá se acuerde de ello y haga algo antes de que concluya su mandato.