La pregunta que hoy todos se hacen es quién fue el amigo del dominicano Fortunato Canáan que lo llevó a la oficina del propio presidente de la República para que expusiera ahí sus objetivos empresariales. El ex ministro Juan Valdivia sostiene que él no fue. Lo mismo dice el premier Jorge del Castillo, quien especula que fue la viuda de un político dominicano que es muy amiga del presidente Alan García. Y si el ahora prófugo Rómulo León fue quien realmente consiguió la cita, significaría que su llegada a Palacio era mucho más relevante de lo que ahora se dice. Pero, hasta hace poco, la reputación de Canáan no era tan mala, pues por su suite en el Hotel Country desfilaban entusiastas ministros y funcionarios. Para evitar situaciones en que cuando aparece el escándalo todos sufren de amnesia, y al final no se sabe quién representa a quién, con el grave perjuicio que esto implica, es que debería regularse la actividad del lobby en el país. Ya existe la Ley 28024 que regula la gestión de intereses en la administración pública. Pero la verdad es que esta no se cumple, y la consecuencia es que tenemos un tráfico escandaloso de intereses que genera oportunidades para la corrupción y el aprovechamiento indebido. Por un lado, los funcionarios del gobierno, de todo nivel, deberían tener muy claro a quién pueden recibir, a quién no, en qué condiciones, y –entre muchas otras cosas– cómo darle transparencia a las citas que tienen. Por ejemplo, la página web de todo ministerio debería informar, en el mismo día, sobre las reuniones de sus principales funcionarios: con quién, qué se discutió y quién la gestionó. Esto permitiría que eventuales competidores puedan contar con simetría en la información. Por el otro lado, los gestores de intereses, es decir, los lobbistas, deberían tener la integridad de reconocerse como tales, estar debidamente registrados y actuar con ética. Como esto no es así ahora, tenemos un escenario indecente e inmoral donde mucha gente, incluyendo amigos y amigotes de gobierno, otros profesionales e incluso no pocos periodistas, fungen una neutralidad y 'buena intención’ que en realidad camufla un honorario y, en algunos casos, más de una prebenda.