Opinión | Jue. 10 sep '09

Qué nivel qué nivel...

Autor: Fritz Du Bois
Cuando pensábamos que nada nos sorprendería de nuestros parlamentarios, ahora tenemos el episodio del congresista Pando acuchillado por su esposa, cansada de su constante maltrato. El legislador en cuestión tenía prontuario al habérsele encontrado empleados inexistentes en la planilla que le cobraba al Congreso.

Asimismo, hemos tenido una parlamentaria que fue empleadora de un narcotraficante detenido con 140 kilos de cocaína. Lo más preocupante es que un pretendiente a la presidencia como Humala avale con su silencio la vinculación con un delincuente de la congresista Obregón, que pertenece a sus filas. Es realmente alarmante la influencia del movimiento cocalero dada la creciente evidencia del vínculo que tiene con el narcotráfico.

Luego tuvimos la denuncia por abuso y maltrato a una empleada de la congresista Sasieta, acusación que ha sido ratificada por la agraviada. Aunque es poco probable que se le sancione, pues ya adelantaron opinión en contrario –revestida de un otorongo espíritu de cuerpo– diversos miembros del Parlamento.

Completando una semana más de nuestros congresistas, un proyecto de ley de igualdad religiosa negociado por el actual vocero de la bancada aprista con legisladores evangelistas, para lograr su apoyo en la elección de la Mesa Directiva, era plagiado. Pero, como si eso no fuera suficiente escándalo, también se falseó los datos de asistencia y votación para asegurar que era aprobado nada menos que en la Comisión de Constitución.

En general, han sido acusados de actos delictivos el 10% de nuestros actuales parlamentarios, porcentaje muy superior al número de delincuentes en la población. En los últimos comicios hubo una corriente para exigir la publicación de hojas detalladas de vida de todos los candidatos.

Lamentablemente, pocos cumplieron. Sin embargo, todavía hay tiempo para modificar la legislación electoral antes de convocar a la próxima elección, para convertir ese requerimiento en una obligación e incluir la sanción del desafuero automático para todo aquel que mienta u oculte información. El electorado tiene el derecho de saber lo que han hecho anteriormente quienes aspiran a representarlos, y el desprestigio del Parlamento no soportaría otra camada de congresistas llena de desadaptados.

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