Peru21.pe

El Perú es un país en desarrollo que, al igual que muchos otros, tiene un avance incipiente en el tratamiento de las aguas servidas (TAS) que se producen principalmente en las urbes. En lugar de consolarnos, esto debiera alertarnos de que el tema es complejo y costoso. Por esa razón, los países vienen retardando su atención. En América Latina, según la OMS/PAHO año 2000, la cobertura de TAS era de 15%, cifra que debe de haber mejorado mucho en esta década con el gran avance de Chile.

Un factor muy influyente en el aplazamiento es que hay todavía poblaciones importantes que atender con los servicios de agua y saneamiento. Solo en el Perú existen aproximadamente 6 millones y 11 millones de habitantes sin servicio de agua y saneamiento, respectivamente. Con la ejecución del Programa Agua para Todos (PAT) durante estos dos últimos años, esas cifras deben de haber disminuido, pero tendremos que esperar al próximo censo para poder medir el impacto.

Sin embargo, ya que aproximadamente 14 millones de personas que habitan las urbes ya tienen el servicio de saneamiento (alcantarillado), no hay por qué esperar a que la cobertura sea total para actuar sobre la disposición final de las aguas servidas, más aún cuando, en la mayor parte de los casos, estas son vertidas sin tratamiento a cursos de agua, con los efectos negativos que ello implica a la salud y al ambiente; o, peor aún, son usadas para riego agrícola sin ningún tratamiento.

Si bien en el Perú se han construido plantas de tratamiento constituidas principalmente por lagunas de oxidación u otras soluciones no complejas en algunas ciudades como Cajamarca, Trujillo y Chiclayo, las mismas no están funcionando adecuadamente o, simplemente, han colapsado, como ocurrió en el caso de Cajamarca.

Los problemas comúnmente encontrados son de: diseño inadecuado, mala construcción, gran variación en la calidad del agua servida que entra a la planta de tratamiento, mala operación y falta de mantenimiento. Asimismo, falta de valoración del servicio por parte de la población y desconocimiento del costo del servicio, por lo cual comúnmente no se cobra y la población no paga por el mismo.

Estos problemas confirman que el TAS es un tema complejo y que requiere una definición de política y de estrategia a seguir para que las inversiones futuras sean sostenibles. Para esa definición se deberían tomar en cuenta las lecciones aprendidas de las ciudades que ya cuentan con algún tipo de tratamiento, incluyendo Lima, para así fijar una política que responda a levantar los problemas que hoy existen con el TAS, que no solo están relacionados con tecnología. La política debe definir los requisitos para el reuso de los efluentes de las plantas de tratamiento y los estándares que deben cumplir si han de ser vertidos a algún curso de agua.

Otros aspectos de política que deben tomarse en cuenta en la búsqueda de la sostenibilidad son: la tecnología debe ser de bajo costo, tanto en capital como en operación y mantenimiento; la simplicidad en la operación y en el mantenimiento; el uso de energía y de químicos debe ser preferiblemente nulo; el tratamiento debe ser eficiente, para lo cual hay que controlar la calidad del agua servida que ingresa a la planta, y la alternativa de solución debe tener baja producción de lodos. Además, debe promoverse la participación de la comunidad durante las diferentes fases de los proyectos, y debe definirse quién ha de pagar la inversión y los costos de operación y de mantenimiento. Respecto a este último punto, se debería evaluar y dimensionar el problema del tratamiento de las aguas servidas en todo el país, incluyendo Sedapal, para determinar la estructura de financiamiento que se adoptará para la inversión de capital y para los costos de operación y mantenimiento de este servicio.

No hay que olvidar que ciudades del mundo en desarrollo que han avanzado con el tratamiento de aguas servidas han incrementado sus tarifas tres veces para poder hacerles frente a los costos que implica contar con las aguas servidas tratadas.

Otros países, más bien, han optado por otras estructuras de financiamiento donde el Estado (en los niveles nacional, regional y local) financia la inversión y las poblaciones pagan, a través de sus tarifas, los costos de operación y de mantenimiento. En el Perú, todavía hay que esperar definiciones.