"Me gradué como abogada en el año 81 y en el 82 me ofrecieron ir a trabajar a Puno, en asesoramiento de comunidades campesinas en temas de tierras. Yo no quería trabajar en un estudio sino poner mi profesión al servicio de la gente; tampoco estaba interesada en política ni nada. Simplemente fui", cuenta, acerca de su llegada a la ciudad en la que hizo su vida. ¿Conocía Puno? No. Pero la gente fue muy acogedora. En esa época había un gran compromiso de la Iglesia Católica para trabajar en la zona, sacerdotes y hermanas me acogieron, me hicieron sentir que no estaba sola. Usted llegó cuando Sendero empezaba a crecer. Sendero comenzó a actuar allá desde el 80. En el 81 hubo un ataque en la prelatura de Juli. A los pocos días que llegué hubo una incursión en Umachiri. Yo, que venía de Lima y no había estado cerca de estas cosas, me quedé marcada con la idea de ayudar. Hubo gente de comunidades campesinas detenidas. ¿No pensó irse? No. Sentir que tenía respaldo me hizo quedarme. También existía el Comité de Defensa de los Derechos Humanos (Coddeh), fundado el 81. El 83 comencé un trabajo de difusión de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, viajando a lugares alejados de Puno. La Iglesia Católica jugo un papel muy importante en la contención de la violencia en Puno. Nosotros, desde el Coddeh, con otros organismos de derechos humanos y contando con el apoyo de los tres obispos –Juli, Ayaviri y Puno– organizamos el foro 'Puno quiere la paz’, para que no se repitiera lo que ya sabíamos que estaba pasando en Ayacucho. En esa época se crearon las vicarías. ¿Qué son las vicarías? Las vicarías de la solidaridad se formaron en cada división eclesial. Es un organismo de la Iglesia que asumía la defensa de derechos humanos. Los obispos nos acompañaban a las entrevistas con los diferentes generales de la Policía o el Ejército que pasaron por Puno para denunciar o poner en conocimiento hechos ocurridos. Mucho de esto hizo que la mayor cantidad de víctimas en Puno fuera de Sendero. Con Sendero no teníamos un interlocutor ante quien reclamar. Hubo casos atribuidos al Estado, pero son contados. Lograron que no hubiera excesos. Por ejemplo, en el año 87, la Policía encontró, luego de un enfrentamiento con Sendero, unas listas con más de 400 nombres. Eran listas de padrón comunal y a todos los habían sindicado como miembros del Partido Comunista. Con esos nombres detenían a la gente en los caminos. Hicimos una intervención en ese tema. Usted investigó para la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en Puno. Ha sido su oportunidad de hacer un balance. Fui parte del equipo de investigación que buscó recoger la historia regional de la violencia. ¿Cómo fueron las intervenciones? ¿Cuándo fueron más fuertes las de Sendero y las del Estado? ¿En qué contexto entró Sendero? La presencia de Edmundo Cox, un mando importante de Sendero, se dio en el 78. Sendero entró en Puno cuando había muchos reclamos de las comunidades campesinas por la tierra, tema pendiente desde la Reforma Agraria. El asunto se empezó a resolver a mediados de los 80. Ayudaron los obispos, que pidieron al gobierno que actúe. Era otra forma de contener a Sendero, que decía que tomaran la tierra. La pugna con Sendero le costó la vida a muchos dirigentes campesinos. ¿Cómo manejan conflictos como el de Ilave, donde murió el alcalde? Ilave fue uno de los casos que afrontamos. Ayudamos hasta donde pudimos, junto con la vicaría de Juli. Pero no pudimos evitar que se tomaran ciertas decisiones. Siempre estamos informando de las tensiones que se van produciendo. Ahora se están levantando los problemas ambientales. En Puno, la principal contaminación la produce la minería informal. Puno es el eje de su vida. De hecho. Desde la Defensoría del Pueblo no podemos opinar, pero recordamos las situaciones pendientes. Tengo cinco abogados para atender las trece provincias de Puno, así como Puno y Juliaca, que son ciudades complicadas. Siempre he pensado que uno debe contribuir desde donde esté.