El procurador anticorrupción Jorge Luis Caldas Malpica denunció ayer, ante la Fiscalía Penal de turno, al secretario general del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roque Augusto Bravo Basaldúa, quien habría incurrido en el presunto delito de aceptación ilegal del cargo porque asumió la función cuando todavía no había cesado como juez de paz letrado en el distrito de Los Olivos. Bravo Basaldúa fue designado, a propuesta del titular del JNE, Hugo Sivina, como secretario general del órgano electoral mediante resolución 042, del 23 de enero pasado, cargo que desempeña a partir del 2 de febrero. No obstante, su renuncia como juez de paz fue aceptada a través de la resolución administrativa 036-2009-CE-PJ, del 4 de febrero, y publicada recién el 18 del mismo mes. De acuerdo con el art. 184° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los magistrados ejercen el cargo a dedicación exclusiva, con excepción de la docencia. Asimismo, la renuncia recién tiene efectos jurídicos desde que es aceptada, conforme lo señala el art. 245° de la misma ley. PRECISIONES. Perú.21 intentó recoger los descargos de Bravo y del propio Sivina, pero un vocero del órgano electoral indicó que estos funcionarios esperan la notificación oficial de la denuncia para pronunciarse. Sin embargo, dicho vocero remitió a nuestra redacción una resolución del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial –sin número ni fecha de publicación– que precisa que la renuncia de Bravo al Poder Judicial se formuló el 28 de enero y se hizo efectiva el 31 de ese mes. Esta norma lleva las firmas de los consejeros Antonio Pajares, Javier Román, Sonia Torres, Walter Cotrina y Enrique Rodas, y fue emitida el 20 de febrero, es decir, dos días después de la resolución 036. El documento enviado desde el JNE reconoce que su elaboración ha sido a solicitud del propio Bravo, en vista de su designación como secretario general del órgano electoral y “para evitar la posibilidad de doble percepción de remuneraciones a cargo del Estado”. SIN PUBLICACIÓN. Otra irregularidad del nombramiento en el cargo fue el hecho de que su resolución no fue publicada en el diario oficial. El funcionario alegó, según una nota publicada en el diario Expreso, que la resolución 042 fue publicada el 3 de febrero. Sin embargo, no aparece en la separata de Normas Legales de ese día. Según se informó en el órgano electoral, esta resolución fue difundida ese día a través del intranet del JNE, o sea, sin acceso al público en general. Fuentes judiciales sostienen que la comisión del delito de nombramiento indebido incluye no solo al agente que acepta el cargo sino a quienes lo designaron, es decir, los miembros del JNE responsables de esta elección. El nombramiento del secretario general, Roque Bravo, lleva las firmas de los miembros del JNE Hugo Sivina, Greta Minaya, Ulises Montoya y José Luis Velarde.