Hoy se cumple el primer aniversario de la concreción de la extradición al Perú de Alberto Fujimori para ser juzgado por los graves delitos por los que se le acusa y, simultáneamente, hoy también se realizará, en la sede policial de la Diroes, la audiencia número cien de este proceso judicial que ingresa, desde esta mañana, a una nueva fase consistente en la lectura de las pruebas presentadas por la fiscalía y la defensa. En este sentido, ya terminó la aparición de testigos y peritos, y se procederá a la revisión de documentos. A estas alturas de la evolución del juicio las cartas pueden estar echadas, pues los vocales supremos encabezados por César San Martín ya deben haber alcanzado una conclusión después de nueve meses de escuchar a todas las partes vinculadas a este caso. La fiscalía, liderada por José Peláez, y la defensa, a cargo de César Nakazaki, han tenido la oportunidad de exponer sus argumentos. El primero reitera que Fujimori es culpable y que debe ser condenado a treinta años de prisión por ser autor mediato por dominio de organización, es decir, por encabezar el aparato que perpetró los crímenes y porque, además, no podía desconocer las matanzas de Barrios Altos y de La Cantuta. A su vez, Nakazaki reitera su convicción de la inocencia de Fujimori, enfatizando que él aplicó una política antisubversiva eficaz, y que no tuvo intervención ni conocía de las actividades específicas de los agentes de inteligencia. Se prevé que el fallo de esta fase del juicio se conocerá hacia noviembre próximo, luego de lo cual se pasará a la siguiente instancia que será la definitiva. Mientras ello ocurre, cada quien ya tiene su propia percepción sobre la dirección que tendrá el fallo judicial. En lo que, en cambio, no hay discrepancia es en la conclusión de que el manejo que ha tenido la sala ha sido impecable pues ha permitido que, en un marco de mucho orden, todas las partes hayan tenido la oportunidad de exponer con libertad sus argumentos. Lo que se debe evitar, cuando falta poco para la sentencia, es que los que creen que van a perder el juicio se dediquen a boicotear el proceso con maniobras políticas y chantajes que serían inaceptables.