El presidente Alan García se cuidó de no acusar de algún acto de corrupción en el interior del Tribunal Constitucional (TC), pero consideró que la sentencia que restituye el nivel arancelario al cemento es “extraña”, más aún si se trata de un conflicto de empresas, en el cual “hay mucho dinero de por medio”. “No me animo ni lo diría nunca, porque no me gusta lanzar acusaciones, pero hay mucho dinero de por medio, miles de millones de por medio y se hace extraño que se tome una decisión que invade los fueros del presidente”, comentó García Pérez. Así, defendió la decisión tomada por el Gobierno el 13 de octubre de 2007 de reducir, de 12% a 0%, la tasa arancelaria para el cemento, al indicar que, luego del sismo en el sur del país, era probable un incremento en el precio de este producto y de los materiales de construcción. “Esa medida ofendió a una empresa (Cementos Lima), pero (la rebaja) no tenía ningún padrino ni interés propio porque podía venir cemento de China, Chile o Colombia. Vino el producto mexicano de Cemex, que tiene conflictos internacionales con la firma peruana. Ahí empezó este lío”, recordó. EN MANOS DEL CONGRESO. El jefe de Estado criticó que el TC se haya excedido en sus atribuciones y pidió al Congreso que precise cuáles son las competencias de dicha institución. “Entonces, por qué (los magistrados del Tribunal) no dan decretos o presiden ceremonias públicas. Y no es primera vez. Creo que el Parlamento debe hacer algo para precisar muy bien las atribuciones, porque el pueblo no ha elegido un 'ultra super poder’, y todas las sentencias pueden fallar, no tienen infalibilidad papal”, argumentó. Sin embargo, Gerardo Eto Cruz, uno de los cuatro miembros del TC que votó a favor de la restitución del arancel al cemento, aseguró que el tema económico no es exclusivo del Gobierno, porque forma parte de las políticas públicas que aplica el Estado. Adelantó que antes de que concluya este mes, los magistrados que aprobaron la sentencia responderán al pedido de aclaración formulado por el Ministerio de Economía. “Parte de esa argumentación será mencionar la jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de Estados Unidos, en su labor de control constitucional, así como la de otros tribunales de España y Alemania, en materia económica, arancelaria y mercantil”, dijo el magistrado a la agencia Andina.