El Poder Judicial tiene toda la disposición de entregarle al Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en un plazo breve, la información respecto de si Alberto Fujimori está siendo procesado por haber sido vinculado a una organización criminal, según señalaron fuentes de la Corte Suprema. Dijeron que ese requerimiento será atendido en mérito a la solicitud enviada, en enero de este año, por la autoridad penitenciaria. En el caso específico del ex mandatario, la misma tendría que ser atendida por el tribunal supremo que lo juzga y que está integrado por los vocales César San Martín, Víctor Prado Saldarriaga y Hugo Príncipe Trujillo. LA EXPLICACIÓN. Hasta el 9 de junio, Fujimori tenía el Régimen Cerrado Especial (máxima rigidez), pero luego se le varió al Régimen Cerrado Ordinario (mínima peligrosidad), debido a que no está siendo enjuiciado por asociación ilícita para delinquir. El INPE “interpretó” que un reo se halla vinculado a una organización criminal –requisito indispensable para que tenga el régimen especial– cuando está siendo procesado por el delito antes mencionado. En consecuencia, como Fujimori no estaba siendo juzgado por asociación ilícita, se le tenía que pasar al régimen de mínima seguridad. Por esta razón, si el Poder Judicial envió un oficio señalando que el ex presidente está enjuiciado por haber sido vinculado a la organización criminal Colina, que mató a decenas de personas durante su gobierno, el INPE ya no tendría que hacer interpretaciones. SE INICIA INVESTIGACIÓN. La fiscal María Flores Dávila inició ayer sus investigaciones para ver si Alberto Fujimori goza de privilegios en su régimen penitenciario. Para ello, la magistrada ingresó al penal Barbadillo, ubicado en el interior de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía. Allí recogió información de los agentes del INPE y de los efectivos policiales que custodian al ex gobernante. Se estima que hoy se abocaría a revisar todos los documentos que se relacionan con su carcelería a fin de determinar si se le aplicó correctamente la norma que flexibilizó su régimen penitenciario. De otro lado, en la sesión de ayer, el testigo Jesús Sosa aseguró que es mentira la versión del ex agente Julio Chuqui, en el sentido de que él habría expresado que la orden de las matanzas de Barrios Altos y de La Cantuta fue dada por Fujimori. Sorprendió que el abogado de Sosa fuera Jesús Harman, el mismo que defendió antes a Vladimiro Montesinos.