“El INPE no puede señalar el régimen carcelario que quiere o como quiere. El Poder Judicial le envió un oficio al INPE, y el INPE, en mérito a ese oficio, establece lo que el PJ le señala. El INPE recibió un oficio de la sala del señor (César) San Martín, donde se le indica: el señor Fujimori no está procesado por asociación ilícita para delinquir, como originalmente se les había dicho. En consecuencia, verifique usted cuál es el régimen carcelario que le toca”, le respondió el miércoles a la prensa la ministra Rosario Fernández. Pese a lo confuso del lenguaje, era obvio que la titular de Justicia quería endosarle al Poder Judicial toda la responsabilidad del beneficio otorgado a Alberto Fujimori al variar el rígido régimen especial por el permeable régimen ordinario, que le permitiría recibir la visita de todos los familiares, amigos y hasta grupos musicales que quiera alojar por ocho horas, tres veces por semana, en su confortable celda. *ACLARACIÓN.* Lo que, sin duda, no se esperaba la ministra Fernández era que ayer, antes de continuar el juicio con el testimonio del testigo Jesús Sosa Saavedra, (a) 'Kerosene’, el presidente de la Sala Penal Suprema, César San Martín, saliera a aclarar, de manera tajante, que el Poder Judicial no ha tenido arte ni parte en ese cambio. “El tribunal en ningún momento ha indicado cuál es el régimen penitenciario, cuál debe ser y, por cierto, ni disponemos tramitar ni ordenamos ejecutar disposición alguna con el régimen penitenciario. Legalmente, la primera palabra la tiene el INPE, conforme al Código de Ejecución Penal. Es más, ni siquiera, como corresponde, se nos ha notificado de cambios penitenciarios”, aseguró. El magistrado explicó que el tribunal que preside solo recibió una comunicación, en junio de este año, acerca de los delitos por los cuales se encontraba procesado Fujimori, que fue respondida de inmediato. *¿HAY MÁS?* El premier Jorge del Castillo salió en auxilio de la titular de Justicia y sostuvo que el cambio de régimen carcelario fue solicitado por la defensa de Fujimori, amparada en el hecho de que en el expediente aparece la figura de la asociación ilícita para delinquir como uno de los delitos, cuando no es procesado por ello. “La extradición no se concedió por asociación ilícita sino por otros delitos. Entonces, al desaparecer, era dable cambiar. Eso me pareció justo y razonable”, comentó. Wilfredo Pedraza, ex jefe del INPE, advirtió que la suspicacia se da porque esa apelación debió ser presentada en setiembre del año pasado, cuando se determinó cuál era el régimen carcelario, pero dijo que el trámite sería legal. El analista Carlos Basombrío, sin embargo, tiene una lectura abismalmente diferente. En su concepto, el cambio de régimen carcelario responde a una negociación política, que incluyó una reunión en Palacio entre Alan García y Keiko Fujimori y otra entre Fujimori y Alva Castro, en la que el ministro del Interior le dio todas las garantías de que los acuerdos se cumplirán. “Me parece ingenuo pensar que los fujimoristas le han dado sus votos al oficialismo solo a cambio de que Los Iracundos visiten a Fujimori en la Diroes. Creo que hay mucho más que el Apra ha ofrecido en este tema. Lo preocupante es que está usando todas las cartas que tiene en el Estado, que no son pocas, para ayudar al fujimorismo”, remarcó. Esa misma sensación la tiene el congresista Carlos Bruce. “Si con el régimen especial ya tenía una cárcel dorada, ¿qué más le darán ahora? Es una coincidencia bastante rara, y en política no hay coincidencias. Estos privilegios son muy preocupantes. Estamos viendo, con esto, hasta qué extremos es capaz de llegar el Apra en la política”, manifestó.