¿Cómo ha sido su salida de la Sunarp? El cargo de superintendente tiene un plazo de cuatro años. Yo no había cumplido ese período. Por esa razón han buscado, encontrado y forzado una falta inexistente para sacarme. Me atribuyen no haber presentado, al 31 de marzo de 2006, los estados financieros auditados. Esos documentos sí se presentaron el 17 de marzo de 2006, pero no estaban auditados porque recién, en agosto de ese año, la Contaduría General de la Nación nombró a la empresa Noles Monteblanco para que se encargara de ello. Dicha compañía ha terminado su trabajo recién el 30 de enero de este año. Entonces, no se ha hecho un análisis real de la situación y no se ha permitido un descargo. ¿Y por qué no le permitieron presentar su descargo? Un funcionario de Contaduría informó que no se había presentado los balances, pero en ningún momento indicó las razones de ese incumplimiento. Es la Contraloría la que tenía que nombrar a la entidad auditora; entonces, es imposible que le endilguen a la Sunarp una responsabilidad que no tiene. Acá hay una tergiversación o desconocimiento total del proceso. Además, en el portal de Internet de la Contaduría se verá el informe de las autoridades omisas (las que no presentaron balances) y sus razones. En la lista no aparece la Sunarp. ¿A qué respondería su remoción, entonces? Hay un interés muy claro por tomar la institución. Desde el comienzo del Gobierno he recibido imputaciones falsas hacia mi persona. Me han atribuido irregularidades y falsedades. Tuve que interponer un amparo contra la ministra de Justicia en el mes de diciembre porque se me abrió un proceso administrativo en el que tampoco tenía responsabilidad. Entonces, ha habido un deseo desmedido por reemplazarme y ocupar el cargo. En la Sunarp, como se sabe, hay grandes intereses económicos detrás de todas las instituciones. Mi salida se produce violando el estado de derecho y la ley sobre la materia. La única manera de remover al más alto funcionario es por una negligencia o una incompetencia, cosa que no ha sucedido. Entonces, se ha cometido un gravísimo abuso y atropello. El secretario del Apra, Mauricio Mulder, en una reciente entrevista, dijo que funcionarios como usted impedían que los proyectos del Gobierno se desarrollaran. Todo lo contrario. Yo he sido la primera impulsora de los proyectos Mivivienda, Mi techo, Mi propiedad, Mi empresa, y he participado activamente en el impulso de todos estos. Tal es así que, habiendo un déficit de registradores en la institución, se pidió autorización al Congreso para que se convocara a concurso público y se contratara a más personal con la finalidad de cumplir con los proyectos de gobierno que son de titulación e inscripción de pequeñas y medianas empresas. Pero eso ha sido bloqueado por un decreto de urgencia que publicó el Ejecutivo después de que el Congreso aprobara la norma. Entonces, a mí no me pueden echar la culpa de que impido los proyectos del Gobierno. No cree que su relación con el gobierno anterior ha pesado en esta remoción. Claro que sí. Pero yo considero que esa relación no me descalifica de ninguna manera, porque yo soy una profesional que tengo un desempeño de 31 años de trabajo para el Estado. Soy una funcionaria pública de carrera, no soy una improvisada a la que han sentado en el cargo por ser amiga de Toledo. Yo he demostrado capacidad y eficiencia en el trabajo. He sido procuradora del Estado por once años, y en toda mi trayectoria he actuado con eficiencia y jamás nadie ha cuestionado mi trabajo. Hay riesgo de un copamiento de la Sunarp por parte del Apra. Claro, hay riesgo de copamiento político. La Sunarp es una institución técnica. Existe el riesgo de que se pueda inducir a la entrega de inscripciones que no brinden la seguridad jurídica necesaria. *Ex jefa de Registros Públicos