Un grupo de 29 personas –en el que figuran dos mujeres, una de ellas periodista, y por lo menos un menor de edad de 16 años– pidió severas sanciones para los policías que, en agosto de 2005, las secuestraron dos días y las golpearon en las instalaciones de la compañía Río Blanco (ex Majaz), en Piura, hasta donde llegaron en marcha de sacrificio para rechazar las actividades mineras en la zona. El secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Ronald Gamarra, en conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por tres de las víctimas, pidió que la Policía Nacional entregue la relación de los efectivos que ese 1 y 2 de agosto atacaron a los campesinos y a tres periodistas. Uno de los afectados, el reportero Julio Vásquez, relató a los periodistas que fueron miembros de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) quienes los golpearon, los ataron y les rociaron gas lacrimógeno en los rostros para, luego, cubrirles las cabezas con bolsas y, de esa manera, causarles la sensación de asfixia. Cabe recordar que, en aquella ocasión, el campesino Melanio García recibió una herida de bala en el cuello y murió al día siguiente de la detención del grupo.