Casi un año después de que el Ministerio de Energía y Minas dio la concesión del proyecto de generación hidroeléctrica en Inambari (Madre de Dios), el ministro del Ambiente, Antonio Brack Egg, aseveró que su portafolio pedirá la revisión del estudio de impacto ambiental de la obra pues su ejecución afectaría seriamente los bosques naturales de la zona. Anotó que la mayor preocupación del ministerio es el hecho de que se inundaría cerca de 46,000 hectáreas de bosques aledañas a la ubicación de la generadora, para proveerla de agua. Cabe señalar que esa extensión equivale, aproximadamente, a la superficie del distrito de Carabayllo, en Lima. En una declaración anterior, Brack había estimado que serían 200 mil las hectáreas afectadas con el proyecto. “Pediremos la revisión del estudio de impacto ambiental y vamos a recomendar algunas cosas importantes”, manifestó. Además, el ministro consideró que la evaluación y los estudios del proyecto aún están en una etapa “incipiente”, y refirió que su cartera no tiene un plazo para culminar el análisis que realiza. LA CONCESIÓN. Esta obra fue adjudicada en junio del 2008 por el Ministerio de Energía y Minas –durante la gestión del aprista Juan Valdivia– al consorcio Empresa de Generación Eléctrica Amazonas Sur S.A.C., formado por las firmas brasileñas Electrobras, Furnas y OAS, que inicialmente anunció una inversión de US$2,500 millones en la construcción de la central. Recientemente, en marzo de este año, luego de sostener una reunión en Palacio de Gobierno con el presidente Alan García, el director internacional de OAS, César Uzeda, elevó el de-sembolso que se hará en Inambari a US$4,000 millones. CONGRESISTAS CUESTIONAN. No solo en el Ministerio del Ambiente habría reservas por la realización de esta obra. En el Congreso de la República, los legisladores Susana Vilca y Yohny Lescano han mostrado su preocupación por los antecedentes que en otros países tienen dos de los integrantes del citado consorcio. La empresa Furnas Centrais Eléctricas S.A. fue cuestionada por el Gobierno de Ecuador y expulsada de ese país a inicios de 2009. Además, sus directivos fueron denunciados por estafa en la construcción de una central hidroeléctrica porque habría habido una sobrevaloración de la inversión. En octubre de 2008, el presidente Rafael Correa ordenó la revocación de los visados a cinco funcionarios de Furnas. La firma estaba encargada de fiscalizar la reparación de la hidroeléctrica San Francisco, construida por Odebrecht, que presentó fallas en su estructura.