La propuesta legislativa que da luz verde a la disolución de las asociaciones que desarrollen actividades que “atenten contra la soberanía nacional y el orden público” sigue generando polémica. Los constitucionalistas Enrique Bernales y César Valega advirtieron ayer que la iniciativa podría ser aplicada “abusivamente” por los gobiernos de turno y, en esa línea, pidieron al Ejecutivo que la deje sin efecto. AMENAZA. Bernales, director ejecutivo de la Comisión Andina de Juristas (CAJ), sostuvo que el proyecto gubernamental “es ambiguo, antojadizo y hasta arbitrario, (y está) sujeto a la amenaza de una aplicación abusiva por parte de quien detente el poder”. En declaraciones a Perú.21, el ex senador comentó, con ironía, que la propuesta debe de haber sido sacada “del forro o del zapato de alguien, no sabemos quién, porque de la cabeza no puede haber salido, salvo que haya sido de una mente montesinista”. En ese sentido, consideró pertinente que el Ejecutivo retire el proyecto, “y le dé el destino de la Santa Inquisición, es decir: tirarlo al fuego”. DE VÍCTIMA A VERDUGO. Sobre el mismo tema se pronunció también el constitucionalista César Valega, quien observó que el proyecto plantea modificaciones al Código Civil pese a que este solo rige los actos de las personas privadas y no del Estado. Como Bernales, el jurista sugirió al Ejecutivo que retire el proyecto, el que –opinó–, por sus características, sería muy difícil aplicar con justicia. “Parece que el Apra está reescribiendo las normas que en 1931, 1935, 1939 y 1950 se dieron para perseguirlo, cuando formaba asociaciones en el extranjero que se pronunciaban sobre actos en el Perú, hechos que se consideraban acciones antiperuanas. Parece que ha regresado a su historia, pero para ser ahora verdugo y no la víctima”, subrayó. DEFENSA. Entre tanto, la defensa del proyecto fue asumida por el secretario general del Apra, Mauricio Mulder, quien alegó que, actualmente, no existe legislación que autorice la intervención de las autoridades en aquellos organismos que actúan como fachada para desarrollar actos de violencia. Precisamente, en la exposición de motivos del proyecto el Ejecutivo reconoce el derecho constitucional a la asociación y a diversas formas de organización, pero agrega que en una sociedad globalizada, no puede desdeñarse “la posibilidad de que los ataques a la soberanía nacional se realicen veladamente a través de personas jurídicas constituidas en el país”.