Cinco días después de que se conociera el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que prohíbe al Estado distribuir gratuitamente la píldora del día siguiente, el ministro de Salud, ”scar Ugarte, se presentó en conferencia de prensa para informar que la procuradora de su sector, Jesús Freigeiro, presentó un pedido de aclaración a esta sentencia. En este documento, el ministerio solicita que se le explique si la reciente sentencia del TC anula otra, de noviembre del 2006, en la que el mismo organismo mandaba repartir la píldora de anticoncepción oral. También consulta si el Estado puede vender la pastilla del día siguiente por un “mínimo precio”, ya que el nuevo fallo le prohíbe distribuirla de manera gratuita. Finalmente, pregunta qué fin se le debe dar al lote de píldoras del día siguiente que todavía tiene en su poder (alrededor de 65 mil tabletas). “¿Qué debemos hacer: distribuir gratuitamente los lotes adquiridos antes de la sentencia de amparo u ordenar su incineración en un acto público en presencia de los medios de comunicación”, reza el recurso presentado ayer por el sector Salud. De acuerdo con la procuradora Freigeiro, el TC tiene dos días para dar una respuesta al Ministerio de Salud. En este breve tiempo, la distribución de la píldora estará suspendida y, luego, se adoptará una decisión definitiva. OTRAS SALIDAS. Por la noche, y luego de sostener una reunión con el premier Javier Velásquez Quesquén, el ministro Ugarte contó a Perú.21 que el Consejo de Ministros definirá mañana si acuden en consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para defender la política de control natal del Estado. Señaló que si recibieran una respuesta negativa del TC, su despacho podría donar el lote de píldoras del día siguiente que tiene en su poder a una entidad privada que pueda distribuirlas gratuitamente. “No olvide que la prohibición es solo para el Estado; es probable la donación”, dijo. Sin embargo, no precisó qué harán cuando se acabe este stock y si facilitarán que organismos privados, vinculados a programas de control natal, puedan comprar más tabletas para venderlas a precios módicos. En el Congreso también hubo reacciones contrarias a la decisión del TC. La aprista Hilda Guevara, presidenta de la Comisión de Salud, se reunió con asociaciones que promueven el respeto de los derechos femeninos para advertir que el fallo del TC dejaría sin pastillas del día siguiente a las mujeres que son víctimas de violación sexual y que hasta ahora podían obtener este fármaco en los servicios de salud públicos. En ese sentido, Guevara informó que presentará un proyecto para que las mujeres que sean ultrajadas puedan recibir la píldora de anticoncepción oral como parte de la cobertura del Seguro Integral de Salud (SIS). Entre tanto, contradiciendo las declaraciones que dio el viernes pasado, el premier Velásquez Quesquén afirmó que el Gobierno “respetará y aplicará” el fallo del TC porque el presidente Alan García ya ha fijado la posición del Gobierno sobre este tema. “Donde manda capitán no manda marinero”, sostuvo Velásquez Quesquén luego de inaugurar un congreso de empresarios en el Museo de la Nación. VEN INTERESES. De otro lado, el fuego graneado contra su fallo motivó que los integrantes del TC dieran una conferencia de prensa para responder a todas las críticas que han recibido desde diferentes sectores. El presidente del Tribunal Constitucional, Juan Vergara, manifestó que su reciente sentencia no contradice la de noviembre de 2006 pues se trata de dos procesos distintos. La primera –dijo– se dio en un tema de “cumplimiento”, en la que definió si el Ministerio de Salud debía cumplir o no con una directiva interna que le mandaba distribuir la píldora del día siguiente. En la reciente sentencia –aseguró Vergara– resolvieron sobre el “tema de fondo”, ya que una organización privada presentó una acción de amparo contra la píldora argumentando que era abortiva. “Consultamos con fuentes científicas, pero no pudimos determinar si la droga era abortiva. Ante la duda, decidimos proteger la vida y recomendamos que se prohíba suspender la píldora”, explicó. De otro lado, sugirió al Gobierno que prohíba la venta del fármaco en todo el país para que su fallo no sea considerado discriminatorio pues deja sin posibilidad a las personas de menos recursos de acceder a él. Vergara también respondió con acidez cuando se le comentó que el ministro Ugarte había propuesto que el Estado venda la píldora, ahora que no puede repartirla gratuitamente. “El argumento del ministro es propio del laboratorio que fabrica la píldora”, comentó. Sin embargo, en conversación con Perú.21, Vergara no descartó la posibilidad de que el Estado venda el fármaco, aunque replicó que expender pastillas “por capricho de un ministro” no es labor del Estado.