El legislador fujimorista Rolando Sousa anunció ayer que presentará un proyecto de ley para restringir la difusión –en los medios de comunicación– de audios, videos y documentos de origen ilegal si estos no cuentan con autorización judicial. “Es necesario un procedimiento legal sobre el manejo de los audios y videos no solo por parte del periodismo, sino de cualquier persona, tal como existe en la legislación de otros países cuando se trata de un material ilícitamente obtenido”, recalcó. Agregó que cualquier persona, natural o jurídica, periodista o no, que tenga acceso a una información obtenida ilícitamente puede tener la seguridad de que ese material tendrá una utilización útil y rápida para que pueda ser investigado inmediatamente. Según dijo, la autoridad velará por que se mantenga la primicia. ADVIERTEN RIESGO. Por su parte, los legisladores de oposición Víctor Mayorga (PNP) y Guido Lombardi (UN) advirtieron que la propuesta de su colega fujimorista podría significar, a primera vista, un grave riesgo para el ejercicio de la libertad de expresión y para el combate contra la corrupción. Mayorga dijo, además, que la propuesta podría beneficiar a quienes fueron implicados, a través de los llamados 'vladivideos’, en casos de corrupción cometidos en la década anterior y cuyos procesos todavía no han concluido. “Se le pretende dar una innecesaria valoración al audio y al video obtenido de manera no lícita, cuando ya la tiene desde el momento en que dichos elementos están referidos a hechos de interés público y destapan un acto de corrupción”, anotó. A su turno, el congresista Guido Lombardi manifestó que suscribía las declaraciones formuladas a Perú.21 por Ricardo Uceda, director ejecutivo del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), donde advirtió la experiencia ecuatoriana de pretender prohibir la difusión de grabaciones clandestinas. “Yo prefiero sustentarme en lo expresado por el presidente Alan García, quien destacó la importancia de los 'petroaudios’”, anotó el legislador de UN. Edgard Reymundo (UPP) sostuvo que en muchos países se ha usado información y documentos obtenidos clandestinamente para poner al descubierto casos de corrupción, y citó la experiencia de los 'vladivideos’ y el caso Watergate en Estados Unidos. De otro lado, fuentes parlamentarias informaron que el anunciado proyecto de Sousa sería, por ahora, una iniciativa personal y tendría algunos reparos en su propia bancada. Cabe recordar que Uceda comentó –en entrevista a este diario– que el asunto ético del periodismo se enfatiza en un sentido restrictivo, pero pocas veces se destaca la responsabilidad de informar. “La difusión de los audios es legal y una obligación. Poner restricciones legales a estas grabaciones no concuerda con la Constitución”, anotó.