Convencido de la inconstitucionalidad de la ley de expropiaciones, el congresista Javier Bedoya de Vivanco (UN) consideró necesario que se busquen alternativas legales que permitan atender las demandas de los cientos de familias que no pueden acceder a los títulos de propiedad de los terrenos que ocupan de manera informal. Bedoya reconoció que el problema es muy complejo, pero dijo que “hay que ver cómo se le mete el diente” con fórmulas que permitan llegar a un entendimiento con los propietarios o que se expropien terrenos para que sean sometidos a subastas o concursos con la participación abierta de la población. Indicó que las vías de solución deberían ser trabajadas por el Ministerio de Vivienda, por Cofopri y, también, por los municipios. El congresista de Unidad Nacional, y miembro de la Comisión Permanente, reiteró su rechazo a la norma aprobada alegando que la actual Constitución permite las expropiaciones por causales de utilidad pública (para construir carreteras, aeropuertos, etc.), pero no por razones de interés social (para dárselas a personas particulares). “Entiendo que el fin es loable, pero el procedimiento está reñido con la Constitución”, enfatizó Bedoya, tras sostener que la ley promulgada convalida las invasiones, que son el permanente negocio de los traficantes de tierras. “Yo puedo apostar a que, dentro de unos años, algún parlamentario demagogo pedirá la ampliación de la ley para que se den beneficios a los que invadieron en 2008 y en 2012, y es la de nunca acabar”, comentó. Este argumento fue contrarrestado por el congresista y ex ministro de Vivienda Carlos Bruce, quien afirmó que ya no hay razón para prorrogar esta ley porque después del 2004 se han creado alternativas legales para el acceso a las viviendas, como Techo Propio. Tanto él como el ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz, manifestaron que la ley de expropiaciones es la mejor solución al problema pues la única alternativa sería la vía del de-salojo. “Tener 300 o 400 muertos sería un costo muy alto”, comentó Bruce. USO POLÍTICO. Por su parte, el director ejecutivo de Cofopri, Omar Quesada, negó que esta norma vaya a ser utilizada con fines electoreros. Sin descartar su postulación a la Secretaría General del Apra, aseguró que “no estamos en ningún plan de hacer politiquería”. Quesada evitó responder directamente la pregunta de si era posible modificar la ley en cuestión –tal como lo planteó su correligionaria Mercedes Cabanillas– y se limitó a insistir que sí se ajustaba a la Constitución.