Entre tres y cinco años de prisión recibirían las personas que comercialicen, adquieran, transfieran o reproduzcan información obtenida a través de la interceptación telefónica u otro procedimiento ilegal, si el Congreso aprueba un proyecto de ley enviado por el Ejecutivo sobre esta materia. La propuesta, que modifica el artículo 162 del Código Penal –que solo sanciona a quienes interfieren o escuchan indebidamente una conversación telefónica o similar–, alcanzaría a los medios de comunicación que difundan cualquier material proveniente del 'chuponeo’. Asimismo, la iniciativa plantea una pena entre seis y ocho años para los funcionarios públicos que incurran en esta mala práctica. UNA DOBLE PENA. El proyecto del Ejecutivo también eleva el castigo contra los 'chuponeadores’ a una pena de entre dos y cuatro años de cárcel. La legislación actual contempla –por increíble que parezca– una sanción no menor de uno ni mayor de tres años de prisión. En caso de tratarse de funcionarios públicos involucrados, la norma propone una pena entre cuatro y seis años. HABLAN LOS JURISTAS. Este diario consultó sobre la materia a los penalistas Julio Rodríguez y Luis Lama Puccio, quienes se mostraron a favor del proyecto gubernamental, aunque con algunas reservas. “Yo estoy de acuerdo con la propuesta en el extremo que incluye a los que comercializan y reproducen ese material obtenido ilícitamente, pero discrepo con que se haya elevado la pena a ocho años porque pone a la interceptación telefónica en el mismo nivel que otros delitos más graves que afectan la integridad física”, opinó Rodríguez. Por su parte, Lamas Puccio sostuvo que, si bien el proyecto es “plausible”, también colisiona con el secreto profesional y con el derecho que tienen las personas (periodistas) de no revelar sus fuentes. “Nadie intercepta para escuchar nomás. Ha habido un tráfico creciente de interceptación, más ahora, con los celulares y los correos electrónicos. Este proyecto es importante porque aumenta la severidad de la sanción y completa vacíos legales de la norma actual que no tipifica el tráfico y la reproducción de la información”, indicó el letrado. “ES UN ATENTADO”. Sin embargo, para la directora del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), Kela León, el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo “atenta contra el libre ejercicio del periodismo”, pues se entiende que los periodistas que publiquen o difundan información obtenida producto del 'chuponeo’ serían sancionados con pena de cárcel. “(El proyecto) es atentatorio contra el periodismo. Va en contra de la libertad de prensa y del derecho que todo ciudadano tiene a estar bien informado (...) Eso es inaceptable”, expresó en diálogo con Perú.21. En ese sentido, León anunció que el asunto amerita una reunión de todos los miembros del consejo con la finalidad de emitir un pronunciamiento oficial sobre el tema, el mismo que se dará a conocer en los próximos días.