Luego de la decisión de la Mesa Directiva del Congreso de dejar sin efecto el bono especial que se otorga en las pensiones a más de 300 ex parlamentarios, ahora no solo se investigará cada uno de estos casos, sino que también se escuchan voces a favor de solicitar la devolución del dinero indebidamente otorgado y denunciar a quienes resulten responsables por la aprobación de esa ilegal asignación. El legislador fujimorista Rolando Sousa señaló que el pago de este bono adicional era indebido. Explicó que la decisión de la actual Mesa Directiva ordena también remitir todo lo actuado a la Oficina Nacional Previsional (ONP) y a la Contraloría, para que analicen las acciones civiles y penales que correspondan, “por la apropiación indebida de esos recursos”, y exigir la devolución del dinero. “Por supuesto que hay responsabilidad en la Mesa Directiva que aprobó ese bono indebido, porque hay una infracción de carácter administrativo, hay colusión para apropiación de dinero, y los responsables pueden, tranquilamente, ser procesados”, enfatizó. Por su parte, el parlamentario de Unidad Nacional Javier Bedoya de Vivanco destacó la decisión de la actual Mesa Directiva, que encabeza Luis Alva Castro, y consideró oportuno que el procurador del Congreso evalúe el inicio de las acciones legales. A su turno, el legislador Isaac Mekler demandó que el tema sea evaluado con seriedad y coincidió con Sousa en que, de ser necesario, se denuncie a los culpables del otorgamiento del bono y se exija la devolución del dinero percibido ilegalmente. MUCHO POR INVESTIGAR. De otro lado, ayer se conoció que las investigaciones sobre la Cédula Viva de los ex parlamentarios empezaron mucho antes. El 25 de abril de 1996, el Congreso de entonces aprobó la formación de una comisión especial para que investigara la legalidad de las pensiones pagadas por el Legislativo al amparo del régimen del Decreto Ley 20530. Dicha comisión fue integrada, entre otros, por el parlamentario Luis Chang Ching. Siete meses después, concluyó que 253 casos eran legítimos y que a otros 24 se les pagaba la pensión ilegítimamente. Trascendió que en este último grupo se había detectado a siete ex congresistas del Partido Aprista. Según se supo, este informe reservado se encuentra en los archivos del Parlamento y puede servir de apoyo para la investigación que ha dispuesto la actual Comisión de Seguridad Social, que preside Fredy Otárola. El Congreso difundió ayer la relación de las 315 pensiones que paga a los ex legisladores. Algunos de los principales y más escandalosos casos dio a conocer Perú.21 el último domingo en calidad de primicia. La lista incluye los S/.15,600 que corresponden al ex presidente Alejandro Toledo y a la viuda del ex mandatario Valentín Paniagua.