Esta semana quería ocuparme de algunos de los desafíos que tiene por delante el nuevo gabinete, pero no puedo resistirme a hacer antes un comentario sobre los últimos 'petroaudios’ y 'petromails’. Atención que gran parte de la agenda de debate nacional está siendo marcada por quienes grabaron esos audios e interceptaron esos correos electrónicos, y por quienes ahora los distribuyen a su antojo, semana a semana, analizando cuidadosamente la coyuntura, para así potenciar al máximo sus efectos. Creo importante señalar que estas personas constituyen una mafia con intereses oscuros; no son justicieros, no les preocupa combatir la corrupción, llegar a la verdad, sino hacer avanzar sus negocios e intereses económicos y políticos. Siendo así las cosas, me escandaliza la facilidad con la que algunos medios y algunos comentaristas se dejan llevar por el camino que marcan estas mafias. Con esto no quiero negar en absoluto la necesidad de investigar a fondo y llegar a la verdad respecto a los temas que aparecen en esas comunicaciones, y sancionar ejemplarmente a los responsables de los delitos que se hubieran cometido. Sin embargo, me parece imprescindible tener una actitud crítica respecto a esa información, y no darla por verdadera de antemano, antes de escuchar los descargos de los personajes involucrados y confrontarla con otras fuentes. No debemos judicializar la política, mucho menos permitir que se ejerza de manera clandestina, sin dar cuentas a nadie. Respecto al tema del nuevo Consejo de Ministros, la pregunta que me hago es: ¿Cómo está entendiendo Simon su gestión? ¿Pretende ser un mejor administrador de las crisis o tiene un programa de reformas que marquen el rumbo del Gobierno de aquí al 2011? Hasta el momento, solo hemos escuchado hablar de la solución de la huelga médica y otros conflictos, y evitar algunos recortes de gastos; pero, más allá de estas metas de cortísimo plazo, ¿qué se propone? Deberíamos escuchar más ideas, de todos lados, al respecto. Parecería lógico que uno de los énfasis de la gestión de Simon fuera un decidido impulso al proceso de descentralización. ¿En qué quedaron los programas de transferencia de competencias y recursos? ¿Y el proceso de integración de las regiones? Otro tema importante debería ser el impulso a los ministerios sociales: la presencia de Ugarte en Salud, Vildoso en Mimdes y Leyton en Agricultura podría ser aprovechada; por el contrario, Chang en Educación parece, más bien, un lastre para ese propósito. De otro lado, ¿el impulso a la política social no debería ser parte de un paquete más grande de reforma del Estado? ¿No debería ser el combate a la corrupción parte de ese paquete también? Conterno es una experta en el tema, como lo era Zavala. ¿Habrá alguna diferencia?