El juez del caso 'petroaudios’, Jorge Barreto Herrera, acusado de “entorpecer” y hasta de “congelar” el proceso, no es el único que recibe críticas por su labor. Ahora se han sumado a él los magistrados que mandaron a su casa a Rómulo León Alegría, es decir, Manuel Carranza Paniagua y Carlos Manrique Suárez. Los tres, con su actuación, permitirán que este proceso, considerado “emblemático” por las máximas autoridades del Poder Judicial, no tenga un final acorde con los parámetros de la justicia. Jorge Barreto no es nuevo en el oficio de recibir críticas y sanciones (ver recuadro). En octubre de 2001, este juez fue sancionado por la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) por haber “adelantado opinión” y por “actuar con parcialidad” en el caso Lucchetti, por el que estaban procesados Vladimiro Montesinos, el publicista Daniel Borobio y el propietario de la empresa chilena, Andrónico Luksic, entre otros. En enero de 2003, Barreto dispuso la inmediata libertad de Montesinos en un caso en el que este era procesado por haber entregado US$2,000 mensuales a Luis Felipe Gamboa, esposo de la entonces parlamentaria fujimorista Carmen Lozada, para que realizara presuntas acciones de espionaje en el Congreso. Esa decisión le valió al juez severas críticas de algunos parlamentarios y hasta del líder del Apra, Alan García Pérez. De nuevo, la OCMA lo investigó. El órgano de control judicial volvió a sancionarlo en diciembre de ese mismo año por “inconducta funcional”, luego de que la presidenta del Tribunal Anticorrupción, Inés Villa Bonilla, lo denunciara por irregularidades al haber favorecido a los procesados por las ejecuciones extrajudiciales durante la Operación Chavín de Huántar: Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermoza Ríos, Roberto Huamán Azcurra y Jesús Zamudio. EN EL CASO 'PETROAUDIOS’. No es novedad que Barreto actúe con displicencia en este caso. El 9 de octubre de 2008, a pocos días de estallar el escándalo, este diario informó que Barreto se negó a autorizar el descerraje de cinco propiedades en Lima en las que podía estar escondido Rómulo León. En esa edición, se dio cuenta de que Perú.21 recibió información de altas fuentes del Ministerio Público que aseguraban que el fiscal anticorrupción ”scar Zevallos, encargado del caso, le presentó a Barreto tres partes de Inteligencia de la Policía, fotos de los domicilios que serían intervenidos e informes de la Sunat como sustento de su solicitud de descerraje. “Sin embargo –decía la nota periodística–, pese a toda la documentación, el juez se negó a autorizar la operación”. Han pasado los meses y Barreto ha mantenido esa actitud, generando las críticas del propio presidente de la Corte Superior de Lima (ver recuadro). CARRANZA Y MANRIQUE. Los vocales que sacaron de la prisión a León Alegría también se las traen. El primero de ellos, Manuel Carranza Paniagua, es un viejo amigo y compañero de estudios en la Universidad Federico Villarreal del presidente de la Corte de Lima, César Vega Vega. El abogado y ex parlamentario Heriberto Benítez dijo a este diario que “en el Poder Judicial es vox pópuli que ambos están ligados partidariamente”. Este diario consultó con diversas fuentes judiciales y todas coincidieron en la amistad entre Carranza y Vega Vega, así como en su cercanía con el Partido Aprista. El segundo vocal, Carlos Manrique Suárez, es el mismo que integró el tribunal antiterrorista que el 5 de noviembre de 2004 perdió el control de una audiencia en la que comparecían Abimael Guzmán y la cúpula de Sendero Luminoso, quienes se dieron el lujo de gritar arengas a favor de la llamada “lucha armada”. Además, como integrantes de la Tercera Sala Penal Especial, tanto Carranza como Manrique han recibido severas críticas. En abril de 2008, el procurador Alexei Sáenz acusó a este colegiado de tener “precedentes favorables al fujimorismo”, refiriéndose al archivo de los casos del salvataje al Banco Wiese y del general montesinista Carlos Bergamino. Ese mismo mes, esta sala absolvió al ex ministro fujimorista de Agricultura Absalón Vásquez por el presunto negociado en la compra de los tractores chinos malogrados. En suma, estos son los magistrados que favorecieron al principal acusado del principal caso de corrupción que compromete a este gobierno. Datos: El juez Jorge Barreto ha merecido diversas críticas por sus decisiones judiciales, pero también ha tenido investigaciones y sanciones por parte de la OCMA. En 2001 fue suspendido 30 días por actuar con “parcialidad manifiesta” en el caso Lucchetti, permitiendo que los propietarios de la empresa chilena evadieran a la justicia peruana. En enero de 2003, dispuso la libertad de Vladimiro Montesinos en un caso en el que era procesado por haberle entregado US$2,000 mensuales al esposo de la entonces parlamentaria Carmen Lozada de Gamboa, para que realizara actividades de espionaje en el Congreso. Ello le valió las críticas del sistema anticorrupción. En diciembre de ese mismo año, la OCMA lo volvió a suspender 20 días, por inconducta funcional, cuando favoreció a los procesados por ejecuciones extrajudiciales durante la Operación Chavín de Huántar.