Javier Ríos Castillo, cuya elección como miembro del Tribunal Constitucional (TC) fue anulada tras descubrirse sus vínculos con el cuestionado ex ministro aprista Agustín Mantilla, no cesa en su pretensión de jurar como magistrado de ese colegiado. Por lo pronto, el abogado ha logrado que el Quinto Juzgado Especializado en lo Penal de la Corte de Lima ordene al Congreso que lo reponga como integrante del TC. De cumplirse este fallo, Ríos juraría en el cargo y se convertiría en una pieza clave de Mantilla en el mencionado organismo de control constitucional. NO SE PUEDE EJECUTAR. Sin embargo, tal intención chocó con una gruesa pared en el Parlamento. El presidente de ese poder del Estado, Luis Alva Castro, subrayó que la medida es “inejecutable”, “extemporánea” y un “atropello” a las competencias del Legislativo. Remarcó que el proceso en el que participó Ríos concluyó en el año 2007 y que los magistrados elegidos en aquella oportunidad se encuentran en funciones. “Eso es irreversible”, sentenció. Por ese motivo, anunció que la Procuraduría del Congreso interpondrá una queja y una denuncia penal por prevaricato contra el juez Raúl Rosales Mora y contra los que resulten responsables. “Pero eso no es todo. Se me ha informado que ha habido adulteración, festinación en los trámites... Por eso iniciamos estas acciones en la OCMA (Oficina de Control de la Magistratura) y en la Fiscalía de la Nación”, explicó. Muy firme se pronunció también el presidente de la comisión especial encargada de evaluar a los magistrados del TC, Luis Falla Lamadrid, quien enfatizó que la decisión judicial es “incongruente”, “inejecutable” y un “imposible jurídico”. Asimismo, el legislador rechazó la orden judicial para que el Parlamento designe, en el proceso en curso, solo a un integrante del tribunal. “Nosotros seguiremos con el encargo de elegir a dos profesionales”, aseveró. MANTO DE SOSPECHAS. En este caso, tan o más preocupante que el aspecto jurídico-constitucional es el trasfondo político. Para el representante de Unión Por el Perú, José Vega, el fallo es muy “sospechoso” porque pretende beneficiar a una persona que se reunió con el ex titular del Interior del primer gobierno aprista. En la misma línea, el congresista del nacionalismo Fredy Otárola expresó su preocupación por el poder que aún mantendría Mantilla en el Poder Judicial y que buscaría extender hasta el Tribunal Constitucional. Ambos legisladores coincidieron en defender la actuación del Parlamento y en manifestar que la resolución viola la autonomía de este. Lejos de criticar la medida a favor del amigo de Mantilla, el premier Javier Velásquez Quesquén indicó que los mandatos judiciales deben cumplirse “nos guste o no”. Incluso, señaló que los cuestionamientos a Ríos Castillo no pueden reemplazar la resolución de un magistrado.