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El acto inmediatamente anterior a la condenable muerte de comuneros y policías en Bagua se produjo en el Congreso de la República cuando el Apra, aprovechando la tardanza de la bancada humalista al inicio de la sesión del Parlamento el último jueves, decidió suspender el debate sobre el Decreto Legislativo 1090 (Ley Forestal y de Fauna) y su posible derogatoria. Cuando los humalistas llegaron y plantearon la reconsideración, perdieron: 40 congresistas se opusieron, 31 estuvieron a favor y 9 se abstuvieron. El asunto es claro: el Apra no quería que se discutiera y maniobró para que así fuera.

El congresista aprista Mauricio Mulder dijo, para justificar la 'madrugada’ a los humalistas, que “hay legisladores a los que se les pegan las sábanas o toman desayunos largos con chicharrón” (El Comercio, 5-6-09). Una declaración frívola, inaceptable y provocadora después de más de 40 días de movilización de las comunidades nativas y de infructuosos esfuerzos del premier Yehude Simon, en el contexto de un conflicto en el que el Apra se negaba a derogar el D. Leg. 1090 y la dirigencia de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Amazonía Peruana (Aidesep) rechazaba la posibilidad de modificarlo.

El paquete de decretos legislativos sobre la Amazonía, que incluye el 1090 y el 1064, contra el cual la Defensoría del Pueblo presentó una demanda de inconstitucionalidad porque vulnera el derecho de los nativos a ser consultados sobre aquello que los afecte, obedece a la ideología de 'el perro del hortelano’ promovida por el presidente de la República en octubre de 2007. Alan García afirmó, en una muestra de su incomprensión del carácter multicultural de nuestro país, que “hay millones de hectáreas para madera que están ociosas, otros millones de hectáreas que las comunidades y asociaciones no han cultivado ni cultivarán” y que “esa misma tierra vendida en grandes lotes traería tecnología de la que se beneficiaría también el comunero”.

El arzobispo de Trujillo, Miguel Cabrejos, presidente de la Conferencia Episcopal del Perú, y la defensora del Pueblo, Beatriz Merino, en un documento conjunto, lamentan profundamente “el desenlace violento que viene ocurriendo en el departamento de Amazonas” e invocan “a optar por el diálogo y la paz”. Ciertamente, es posible encontrar una fórmula de negociación: la derogatoria del D. Leg. 1064 y la suspensión del D. Leg. 1090, para abrir un debate que reduzca la desconfianza y plantee una norma consensuada.

Dado que la Conferencia Episcopal y la Defensoría manifiestan su voluntad de participar en la solución –“nos mantenemos a disposición del país para colaborar en lo que nos sea requerido”–, es momento de permitirles que asuman un papel central en una nueva etapa que ponga fin a la violencia.