En el caso Crousillat, si se estableciera que los informes médicos están equivocados, el Gobierno puede anular el indulto. El indulto es un beneficio, una gracia; nadie tiene derecho a él, y no está sujeto a control jurisdiccional. El Gobierno puede reexaminar y revocar su decisión y, si los informes han sido inexactos, no se debe mantener firme este beneficio.