Han pasado nueve meses desde que se creó la Oficina Nacional Anticorrupción (ONA), y en vez de evidenciar el fortalecimiento de su labor, solo se percibe la oscuridad e incertidumbre que deja el olvido. Del anuncio de una lucha articulada contra la corrupción, realizado por el presidente Alan García tras su creación, en octubre de 2007, quedan solo recuerdos. La realidad es la de una oficina que se ha quedado con menos de la mitad de su personal original, y acéfala desde hace casi tres semanas, tras la renuncia de Carolina Lizárraga a la jefatura. De los cerca de 30 profesionales que llegaron a integrarla, ahora solo laboran 12: en la oficina de investigación quedan cinco personas, mientras que en el área encargada de la transparencia solo dos. En el área administrativa hay cuatro personas y en prensa queda solo uno. Los contratos de todos terminan este fin de mes. *SOBRE EL FUTURO.* La suerte de la ONA estaría echada y sería su disolución. Fuentes cercanas a esta institución aseguraron que, por estos días, los empleados ya no se encargan de ningún tema relacionado con la lucha anticorrupción, solo hacen informes de gestión. No hay nadie que firme los documentos como jefe o encargado de la ONA, pues a la salida de Lizárraga le siguió la de la subjefa, Carmen Vegas. Cuando se llama a la oficina para preguntar sobre ello, solo indican que no darán información hasta que se nombre al nuevo jefe. Si la ONA no se disuelve, otra posibilidad que se estaría evaluando sería la de adscribirla al Ministerio de Justicia.