A través de su bancada parlamentaria, el líder del Partido Nacionalista, Ollanta Humala, formalizó ayer su pedido para que se declare la vacancia del presidente de la República, Alan García, por “incapacidad moral permanente”. Para fundamentar su petición, el ex candidato presidencial acusó al Gobierno de aplicar una “política de criminalización de las protestas” que –dijo– ha provocado “más de setenta muertos, seiscientos heridos y 1,300 judicializados por protestar en las calles”. En conferencia de prensa ofrecida en el Palacio Legislativo, y acompañado por casi la totalidad de sus congresistas, Humala no dio más argumentos para sustentar su propuesta. No obstante, rechazó que esta conlleve a una “ruptura del sistema democrático”, y la presentó, más bien, como una “defensa del derecho a la vida”. Lo que no explicó es de qué manera su ‘defensa’ de ese derecho fundamental se condice con la muerte de seis personas durante los actos de violencia registrados en Arequipa. DETRÁS DEL PARO. Cuestionado por Perú.21, el ex candidato presidencial evitó responder si –como lo reveló este diario en la víspera– militantes de su agrupación habían encabezado la protesta minera en Chala. “También puede haber apristas, ojalá hubiera más nacionalistas”, comentó escuetamente. A diferencia de Humala, el legislador Daniel Abugattás sí confirmó los vínculos del presidente y del vicepresidente de la Federación Nacional de Mineros Artesanales del Perú (Fenamarpe), Teódulo Medina y Víctor Chanduví, respectivamente, con el nacionalismo. Lo mismo hizo el propio Medina, quien admitió su relación con el humalismo. “Si soy nacionalista, no es ningún delito (...) A nadie se le puede estigmatizar por ser dirigente del pueblo, candidato o autoridad (si es) para defender a su pueblo”, manifestó en CPN Radio. golpe de estado. Como era de esperarse, la respuesta del oficialismo no demoró en llegar. El secretario general del Apra, Jorge del Castillo, calificó como una “increíble irresponsabilidad” de un posible candidato presidencial solicitar la vacancia del mandatario, y emplazó al líder nacionalista a que admita que su verdadera intención es propiciar un golpe de Estado. “Humala está tocando las puertas de los cuarteles. Esa petición (de vacancia) es un tiro a las tribunas que no tiene posibilidad de concretarse”, advirtió. El vocero de la bancada aprista, José Vargas, por su parte, le restó fundamento constitucional y jurídico a la moción, y anunció que su bloque evalúa la posibilidad de presentar una acusación constitucional contra los legisladores que azuzaron a los mineros en sus protestas. Además, pidió al Ministerio Público que inicie una investigación de oficio “sin que ello deje de lado la responsabilidad del Congreso de sancionar estos actos”. Sobre este mismo punto se pronunció también la congresista Mercedes Cabanillas, quien lamentó que un ciudadano que espera gobernar un país “acabe como un agitador de plazuela”, y pronosticó que, de continuar formulando propuestas sin sustento, Humala “va a acabar, simplemente, siendo una mueca o el hazmerreír”.